EL CONFLICTO TERRITORIAL EN DZIBILCHALTÚN, YUCATÁN, MÉXICO: CRECIMIENTO URBANO Y CAMBIOS EN LA PERIFERIA RURAL
Resumen
El objetivo de este trabajo es revisar el cierre de la zona arqueológica de Dzibilchaltún, como conflicto territorial. Se parte de los conceptos de conflicto territorial y pérdida del lugar de Joan Nogué; para ello se hizo una revisión bibliográfica y documental de la historia social de las comunidades afectadas; se realizaron entrevistas a informantes clave de la comunidad y sectores público y académico para identificar sus perspectivas sobre las causas de fondo que originan el conflicto, los elementos de influencia importantes del contexto y las condiciones y perspectivas de las comunidades. Los hallazgos confirman un conflicto territorial generado no por la ocupación del sitio por el INAH 50 años atrás, sino por la exclusión paulatina de la comunidad en el mismo y del beneficio económico que genera, percibido localmente como pérdida del lugar, en un contexto de cambio en la relación urbano-rural.
Palabras clave: conflicto territorial, conflicto turístico, crecimiento urbano, paisaje.
THE TERRITORIAL CONFLICT IN DZIBILCHALTÚN, YUCATÁN, MEXICO: URBAN GROWTH AND CHANGES IN THE RURAL PERIPHERY
Abstract
This work aims to review the case of the closure of the Dzibilchaltún archaeological zone, as a territorial dispute. Based on Joan Nogué’s concepts of territorial dispute and loss of place; a bibliographic and documentary review of the social history of the affected communities is carried out; Interviews were conducted with key informants from the community and public and academic sectors to identify their perspectives on the underlying causes of the conflict, the important influencing elements of the context, and the conditions and perspectives of the communities following the agreement that ended the blockade. The findings confirm a territorial dispute generated not by the occupation of the site by the INAH 50 years ago, but by the gradual exclusion of the community from it and the economic benefit it generates, perceived locally as a loss of place, in a context of change in the urban-rural relationship.
Keywords: territorial conflict, tourism conflict, urban growth, landscape.
1. Introducción
El crecimiento del turismo en zonas o regiones definidas implica cambios en el territorio, en los usos de suelo y en el uso de los recursos y espacios naturales y culturales, lo que puede generar conflictos entre los involucrados, incluidas, desde luego, las comunidades receptoras (Bringas y Verduzco, 2017). En las últimas décadas, esto ha sido objeto de observación y análisis, principalmente a partir de la tensión y movilizaciones sociales derivadas del crecimiento del turismo en zonas urbanas y rurales. La gentrificación generada por la demanda de hospedaje y vivienda por parte de turistas y migrantes, es señalada como efecto de su crecimiento en número y de la afluencia de turistas residenciales en centros de población, así como por la expansión del uso de viviendas con fines de hospedaje turístico, fenómeno que se suma al de los migrantes digitales en distintas regiones del mundo (Cocola-Gant, 2020; Sequera, 2020; Huete, 2016; Janoschka, 2018; Díaz y Osorio, 2020; Milano y Mansilla, 2018; Gravari-Barbas y Guinand, 2018).
Al mismo tiempo, se han señalado los impactos de la turistificación de espacios diversos, entendida como la apropiación de esos espacios por las dinámicas del sistema turístico, con efectos económicos y sociales, y también como el sometimiento de la economía local y de la vida cotidiana a las exigencias de la actividad turística (Ribeiro et al., 2021; Martín et al., 2018; OMT, 2017).
Las movilizaciones sociales en respuesta a estos fenómenos (gentrificación y turistificación) son vistos como conflictos derivados del turismo. No obstante, Huete y Mantecón (2018) ya han analizado cómo los medios de comunicación difundieron el término de turismofobia, magnificando los hechos desarrollados en destinos de España en 2017, encontrando en el escenario, por un lado, la visión de empresas-gobiernos de aprovechar el espacio urbano (a través del turismo), y por el otro a los residentes que pueden no desear “…convertirse en objetos de mirada turística” (Huete y Mantecón, 2018, p.18), siendo la planificación urbana el centro del problema.
Ciertamente, distintos temas urbanos relacionados directa o indirectamente con el turismo han sido señalados como conflictos turísticos por los medios de comunicación, o por voceros de intereses económicos, sin que impliquen realmente una contraposición con el turismo, sino con decisiones o planes urbanos (Milano y Mansilla, 2018).
Por ejemplo, en Cancún, en 2007, el gobierno municipal otorgó un cambio de uso de suelo en la zona hotelera para la construcción de un proyecto inmobiliario, en el que se le permitía apropiarse como “club de playa” de la única ventana al mar de la zona hotelera, siendo una de las muy pocas playas públicas. Las manifestaciones de rechazo a estos cambios por parte de la población, de organizaciones de la sociedad civil y de algunos empresarios lograron revertir el cambio. Aunque algunos medios difundieron la información como una oposición a las inversiones turísticas, es claro que se trató de un tema urbano: defensa del espacio público (Jiménez y Sosa, 2011). También en referencia al espacio público en Cancún, algunas organizaciones de la sociedad civil y la propia población se opusieron y lograron evitar la construcción de un área comercial y de vivienda de lujo, que cerraría el paso hasta entonces libre desde la ciudad hacia el Malecón Tajamar, que había sido ya apropiado por la comunidad como sitio familiar de esparcimiento (Caamal, 2021).
Otro tipo de problemas sí guardan una relación directa con la forma de operación del sistema turístico, aunque no implican una oposición a esta actividad sino, por el contrario, se compite por el acceso al turismo y a los turistas. Un ejemplo de reclamo por no tener acceso al uso turístico del patrimonio es el caso de la zona arqueológica de Chichén Itzá (sitio Patrimonio de la humanidad), debido a la forma de operación de los tours vendidos por las operadoras (la mayoría desde Cancún), ya que a los turistas se les mantiene cautivos en los transportes turísticos y tras visitar la zona arqueológica son conducidos a restaurantes y tiendas de artesanías de grandes empresas de las cuales reciben comisión.
Ante este esquema, los artesanos y vendedores locales exigieron acceso a la zona arqueológica con el fin de lograr ahí el contacto con los turistas y, finalmente, invadieron el sitio patrimonial. Como consecuencia, en 2002, trescientos vendedores pusieron sus puestos en la zona arqueológica. Actualmente, se encuentran en el sitio más de mil vendedores (y no artesanos) acosando a turistas para venderles “artesanías” de producción en serie, que no tienen relación con la cultura maya; es decir, no se solucionó el problema y se creó otro (Diario de Yucatán, 2020).
Algunos análisis sobre conflictos en los sitios arqueológicos afirman que solamente en ciertos casos los responsables políticos sí intentan proteger y conservar los espacios históricos, frente a las acciones de simple explotación por parte de empresas, agencias o guías que operan turismo masivo y que son insensibles ante la relevancia de estos sitios. Pero, señalan, en muchos otros casos quienes se benefician de las visitas a sitios patrimoniales son solamente grandes empresas turísticas e inmobiliarias y tour operadoras, sin que esto repercuta positivamente en las comunidades locales (Enseñat, 2021).
En ese sentido, McKercher y Du Cros (2002) presentan una tipología de la relación entre actores frente al patrimonio arqueológico, la cual va desde la colaboración hasta el claro conflicto. Marín Guardado (2012), reúne una serie de estudios sobre los conflictos, el aprovechamiento turístico de áreas rurales, así como su patrimonio natural y cultural, creando nuevas territorialidades, la mayoría de las veces en detrimento de las comunidades locales. Solano (2015) también examina cómo las promesas de un desarrollo basado en el turismo son causa de despojos en ambientes rurales.
Asimismo, la literatura especializada examina otros casos donde el uso que los turistas dan a los recursos naturales o de espacios dedicados a la conservación, constituye el motivo del conflicto (Santamarina, 2005; Santamarina et al., 2014; Marín-Guardado, 2012; Vicencio y Bringas, 2014), o bien donde las problemáticas involucran espacios rurales y afectan a sus comunidades, como se comenta líneas más adelante.
Algunos otros casos de conflictos territoriales han sido examinados bajo la perspectiva del análisis de actores (Brenner, 2010; Rodríguez, 2008; McKercher y Du Cros, 2002); bajo este mismo enfoque se han abordado y explicado conflictos relacionados con turismo residencial y el territorio (Aledo et al., 2010 y 2013; Jimeno et al., 2022). Por otro lado, Bringas y Verduzco (2017) toman como punto de partida el tema del ordenamiento territorial para prevenir o manejar los conflictos territoriales. Nucamendi et al. (2023) realizan un análisis de caso de la lucha por la preservación del perfil agrícola del Valle de Guadalupe, desde la perspectiva relacional y las redes de confianza para el análisis y la solución del conflicto.
El examen del caso de Dzibilchaltún bajo la perspectiva de pérdida del lugar de Augé (2014), revela que, según la información de fuentes bibliográficas, documentales y la proporcionada por integrantes de las comunidades, el conflicto enfrenta a los ejidos de Chablekal y de Dzibilchaltún (en las comisarías del mismo nombre) con la representación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Otros actores no son interlocutores ni es mencionada su intervención en el desarrollo y “cierre” del conflicto.
De acuerdo con las diferentes fuentes: ni la administración del Parque Nacional Dzibilchaltún (PND) que es parte del gobierno de Yucatán, ni la autoridad municipal de Mérida a la que pertenecen las comisarías, ni las empresas inmobiliarias responsables de los fraccionamientos vecinos participaron en las negociaciones y la terminación del conflicto. Estos elementos sí están presentes, según se explica más adelante, como parte importante de los antecedentes y del contexto, pero no como interlocutores o negociadores en el conflicto.
En este sentido, en el enfoque de análisis de actores no se consideró el idóneo para el estudio de este caso. El problema tampoco involucra ahora cambios en el uso de suelo. La organización de las comunidades en ejidos sí constituye un factor que ha propiciado, o no, la cohesión comunitaria durante el desarrollo del problema, brindando estructura a la organización, como se comenta más adelante. Es en este sentido que se ha optado por los conceptos de Augé (2014), en tanto que parecen pertinentes para analizar las circunstancias, desarrollo y desenlace del conflicto, sobre todo por el discurso de las comunidades, permitiendo llegar a algunas reflexiones finales.
En la zona arqueológica de Dzibilchaltún, en Yucatán, México, la comunidad mantuvo cerrado el acceso de visitantes durante más de un año. Este trabajo tiene por objetivo la revisión de este caso y de su relación con el turismo, partiendo de los conceptos de pérdida de lugar y conflicto territorial de Marc Augé (2014). Para ello, se presenta el marco teórico y conceptual del que se parte; posteriormente, se realiza una revisión de la historia del sitio para la identificación de los antecedentes y posible origen del problema, y se describe el contexto social y urbano, ubicando elementos que inciden en él. A partir de ahí, se establece el desarrollo del problema hasta la reapertura de la zona arqueológica, identificando la definición de la comunidad local e informantes clave en el tema. Esto nos lleva a la consideración del caso como conflicto territorial agravado, por la inadecuada comunicación con la comunidad y su falta de participación en la gestión del espacio ocupado por la zona arqueológica, lo que es leído como pérdida del lugar. La historia previa de presiones y despojos por parte de intereses inmobiliarios es parte del contexto al que se suma el desdibujamiento del paisaje y del entorno rural.
2. Marco conceptual
2.1. Pérdida del lugar y conflicto territorial
Para Nogué (2014), los lugares son puntos que estructuran y cohesionan el espacio geográfico; no son simples localizaciones, sino territorios imbuidos de significados para los seres humanos que nos sentimos parte de los mismos. Por ello, la pérdida del sentido del lugar implica un conflicto interno, si es individual y con mayores y graves consecuencias si se da a nivel social, y los conflictos individuales tienden a convertirse en sociales, señala.
Esta pérdida del lugar, explica, puede deberse a una migración o separación forzada, pero también por la modificación radical de nuestro lugar sin nuestra participación, nuestro parecer u opinión y eso constituye un conflicto territorial. Las movilizaciones de la sociedad civil que reivindican el territorio y paisaje amenazados por la urbanización son un ejemplo, señala Nogué (2014), y expone que la presencia cada vez mayor de esas movilizaciones deriva de la importancia del lugar y las identidades territoriales, en un contexto de globalización que conlleva una lógica muy diferente a las locales, donde las instituciones y las políticas territoriales no consideran la visión de los involucrados y tampoco comunican adecuadamente las decisiones político-administrativas, provocando así no solamente un sentido de pérdida sino también reacciones para defender su lugar.
Nogué cita a Castells cuando apunta: “El poder de la identidad no desaparece en la era de la información, sino que la refuerza” (Nogué, 2014, p. 159). El contexto de globalización conlleva un conflicto con lo local en cuanto a identidades territoriales, afirma. No obstante, nos dice Nogué, paradójicamente la presencia de la internacionalización y la globalización se da al mismo tiempo que los lugares revalorizan su peso específico en lo económico, político, social y cultural, especialmente en el paso del paisaje (Nogué, 2016a).
El referido autor también brinda otros aspectos relevantes para el tema de este trabajo. En la fragmentación del paisaje derivada del actual modelo de urbanización, la zonificación que marcaba con claridad dónde terminaba la ciudad y dónde iniciaba el campo rural se ha difuminado, provocando al menos desconcierto y descontrol ante una nueva estructura territorial y paisajística cuya lógica no es posible entender y que se convierte en un problema de fronteras, en una estructura territorial que no se reconoce “con sólo resquicios de la ruralidad…” (Nogué, 2016b, min. 50).
Asimismo, en el contexto actual se presenta un conflicto paisajístico entre lo que conocimos, lo que imaginamos y con lo que nos identificamos (o identificábamos) y los “nuevos” paisajes “creados”, como es el paisaje real producto de las aceleradas transformaciones territoriales de las últimas décadas. El paisaje constituye el rostro, la identidad del territorio y si el primero es cambiado, fragmentado o dividido, se hace ilegible, ha perdido su discurso. Al perderse la imagen construida y representativa del paisaje frente a algo diferente y ajeno, se presenta un conflicto de identidad (Nogué, 2016a).
Estos planteamientos de Nogué son pertinentes para estudiar la problemática que enmarca el conflicto de Dzibilchaltún, al establecer la relación entre el lugar apropiado, vinculado a la identidad y los elementos que llevan al sentido de la pérdida del mismo. De tal forma, se examina este caso bajo el concepto de conflicto territorial y el sentido de pérdida del lugar. Igualmente, el contexto del problema es revisado bajo la perspectiva de la transformación del paisaje, la difuminación de fronteras entre lo rural y lo urbano de Nogué (2014), y el nuevo subdesarrollo (De Grammont, 2004).
2.2. Ciudades, espacios rurales y turismo
En el contexto socioambiental de las últimas décadas del siglo pasado, se presentan tanto cuestionamientos a los impactos ambientales y sociales del turismo masivo, como críticas a la pasividad que caracteriza al turista tradicional de sol y playa. Al mismo tiempo, los gobiernos establecieron a través de declaratorias áreas protegidas que tienen entre sus funciones la recreación y esparcimiento (Arellano, comunicación personal, 2022). En este marco se presenta el turismo alternativo como una opción para impulsar el desarrollo de las comunidades rurales. No obstante, de acuerdo con diversos análisis, este panorama es más complejo y se relaciona con la globalización y con la visión neoliberal que cobra fuerza en buena parte del mundo al final del siglo XX, modificando la relación y diferenciación de lo urbano y lo rural y la localización espacial respectiva; así lo explican sociólogos, economistas y geógrafos de ese tiempo (Delgado, 1999).
Estos cambios integran, de acuerdo con algunos supuestos, la “nueva ruralidad”: proceso de relocalización de actividades semiindustriales o de servicios o de redes interfásicas en las zonas rurales; mientras que los centros urbanos se “ruralizan” al expandirse hacia la periferia y al incluir una pequeña producción agrícola (Delgado, 1999; Cebrián, 2008) Sin embargo, desde otra visión crítica, tal descripción corresponde a la interpretación y la realidad de países desarrollados. En América Latina, otros autores, aunque están de acuerdo con la presencia de cambios en la vida socioeconómica rural, rechazan el concepto de nueva ruralidad, porque estaría justificando los procesos de alteración de los sistemas productivos, de cambios de uso de suelo, e incluso los despojos e imposición de nuevos usos de los territorios de las comunidades rurales (Osorio-González, 2021).
Para De Grammont (2004) la perspectiva europea para explicar la nueva ruralidad se centra en estudiar las transformaciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en los ámbitos rural y urbano; mientras que en América Latina ha sido necesario enfocarse en cuáles políticas públicas pueden responder a los nuevos hechos de producción agrícola, manufactura a domicilio, maquiladoras y, sobre todo, pobreza y marginación en la realidad rural. El enfoque europeo se sustenta en la relación local-global y en América Latina se presenta el análisis territorial, el desarrollo sustentable, con frecuencia desde la economía política, explica el autor.
Desde esta perspectiva latinoamericana, la incorporación de otras actividades en el campo como es la expansión del turismo alternativo en las zonas rurales tendría que ser revisado críticamente, no bajo la visión de la nueva ruralidad, sino con el objetivo de pugnar por la participación de las comunidades en las decisiones sobre sus actividades y territorio (Palafox et al., 2018; Pérez et al., 2011). Afirma De Grammont (2004) que en el nuevo esquema rural existen grandes productores exportadores, algunas empresas familiares orientadas al mercado interno, pero en la base están las unidades familiares de autoconsumo y que ahora son plurifuncionales, además de las actividades agropecuarias tienen que laborar también en manufacturas o servicios (como el turismo) y, lo más importante, se encuentran bajo el nivel de pobreza. No es la nueva ruralidad, sino que se trata del “nuevo subdesarrollo”, afirma. Como se verá más adelante, este planteamiento es pertinente para la comprensión del contexto del área de estudio, de las zonas rurales como Dzibilchaltún, que se encuentra bajo la presión de la expansión urbana en una recomposición de ambos espacios (López y Carrión, 2018).
En este esquema de plurifuncionalidad de los espacios rurales y de sus habitantes, el turismo es una de las actividades de servicio que se ha difundido crecientemente. Algunos estudios sobre la oferta de actividades de turismo en zonas rurales señalan el impulso que los diferentes sectores y niveles de gobierno intentan dar a esta plurifuncionalidad, así como los problemas, dificultades y beneficios de las comunidades que participan en ello (López-Pardo y Palomino, 2019; Joault et al., 2015; Córdova, 2020; Evia, comunicación personal, 2022; González, comunicación personal, 2022). Además, estas comunidades se ven afectadas por la expansión urbana y los intereses inmobiliarios.
Marín-Guardado (2012) analiza los conflictos derivados del uso turístico de áreas rurales, creando nuevas territorialidades y afectando a comunidades locales. Específicamente para la península de Yucatán, Torres-Mazuera (2021) y Magaña (2020) revisan el desarrollo de actividades turísticas a costa de despojos, expropiaciones y arreglos en las comunidades rurales. La nueva ruralidad o nuevo subdesarrollo es justamente parte del contexto actual en el que se desarrollan conflictos en zonas urbanas y rurales, que en muchos casos son conflictos territoriales. Ese es el caso del tema central de este trabajo.
3. Metodología
Para la revisión del conflicto en Dzibilchaltún, se tomaron como base las conceptualizaciones de conflicto territorial y pérdida del lugar; de difuminación de fronteras rurales-urbanas de Joan Nogué (2014), y de nuevo subdesarrollo (De Grammont, 2004). Bajo ese marco, se realizó una revisión bibliográfica y documental sobre el contexto geográfico, histórico y social, de la zona de estudio, así como una revisión hemerográfica de la evolución del conflicto. Este trabajo está enfocado en el conflicto y sus antecedentes y contexto, desde los setenta del siglo XX hasta el acuerdo que da fin al problema en julio de 2021, es decir, es transversal.
Con el fin de contar con información y, sobre todo, las posiblemente distintas perspectivas respecto de los antecedentes y origen del problema, elementos sobre su desarrollo y “cierre” del mismo, se llevaron a cabo entrevistas a informantes clave: tres integrantes de las comunidades de Dzibilchaltún y Chablekal, dos personas del sector público (un funcionario y un exfuncionario) en puestos de responsabilidad en el área de estudio, un académico y tres integrantes de organizaciones de la sociedad civil con experiencia de trabajo con las comunidades de la región del área. Se respetó el anonimato de quienes así lo solicitaron.
Las entrevistas semiestructuradas abarcaron aspectos de: a) la interpretación del entrevistado sobre las causas de fondo que dan origen al conflicto, b) los elementos de influencia más importantes del contexto, y c) la percepción sobre las condiciones y perspectivas de las comunidades, a partir del acuerdo de indemnización que dio fin al cierre o bloqueo de la zona arqueológica. Las entrevistas permitieron recuperar información para confirmar y profundizar respecto de la de fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales, así como para identificar las lecturas sobre el conflicto. Con ese fin, se analizaron los comentarios, por categoría, confrontando los argumentos.
Aguilar y Funes (2011), revisando los planteamientos de Tilly, señalan que los cambios en los procesos sociales pueden ser analizados a través de la comprensión de la estructura de organización de las comunidades; del papel e importancia de las mismas; la ubicación contextual (espacio-tiempo) y la visión de la estructuración y cambios a partir de la perspectiva teórica. También señalan la importancia de las narrativas en este proceso, en el que un número limitado de individuos actúan (por deliberación o impulso), produciendo los acontecimientos que —consideran— vale la pena mencionar, facilitando con ello una lectura de la vida social (Aguilar y Funes, 2011). Los pasos seguidos en este trabajo han buscado un acercamiento a este planteamiento.
4. Dzibilchaltún en conflicto: Contexto ambiental, histórico y sociopolítico
Dzibilchaltún y Chablekal son dos comisarías que forman parte del municipio de Mérida. Se encuentran al Norte de esta ciudad capital del Estado, a 16 km de Mérida y a 20 km de Puerto Progreso (figura 1). En 1986, se emitió el decreto que establece el área protegida Parque Nacional Dzibilchaltún (PND) abarcando parte del territorio de estas comisarías. Previamente, en 1960, se había entregado al INAH la administración de la zona arqueológica que actualmente se encuentra en el interior del PND. Como puede observarse (figura 2), conviven: a) la delimitación territorial de los ejidos de Chablekal y de Dzibilchaltún coincidiendo con los de las respectivas Comisarías, y b) la delimitación del Parque Nacional que ocupa una porción del ejido de Dzibilchaltún (63 hectáreas) y una porción mayor del Ejido de Chablekal (475 hectáreas). Al centro del PND está la Zona Arqueológica ocupando un fragmento del territorio de ambos Ejidos que al mismo tiempo es una porción del PND.
Figura 1. Localización del área de estudio
Fuente: Ver interior figura 1.
Figura 2. Ejidos de Dzibilchaltún, Chablekal, el Parque Nacional de Dzibilchaltún y la Zona Arqueológica
Fuente: Ver interior figura 2.
El municipio de Mérida tiene 995,129 habitantes (INEGI, 2022). En 2010 este municipio abarcaba el 37% de la población del estado de Yucatán, y para el 2020 se registra el 43%. La ciudad presenta un crecimiento tanto en lo vertical, con construcciones de grandes edificios, así como una expansión horizontal acelerada con fraccionamientos residenciales en la periferia de la ciudad (Reyes y Velázquez, 2014; Bolio, 2016). Por estar en la vía hacia Puerto Progreso, el área Norte de Mérida es la más atractiva y cara para compra de vivienda.
En la zona de estudio, colindando con el PND o cercanos a él, se encuentran tres conjuntos habitacionales ya ocupados, que fueron construidos después de la declaratoria de área protegida. La Ceiba I al poniente del PND. La Ceiba II, al Norte-Oeste, ambos colindando con el área protegida. Al Norte, separada por menos de 5 km, está Yucatán Country Club, y se encuentran otros fraccionamientos más en construcción (Semarnat, 2021) (figura 1). A continuación, se presenta el contexto ambiental, histórico y sociopolítico de las comunidades de Chablekal y Dzibilchaltún.
Como lo señala el propio Plan de Manejo del PND (Semarnat, 2015), aunque se trata de un espacio ya afectado por actividades humanas, el área de estudio contiene algunas islas de vegetación, con suelo kárstico, conteniendo cenotes; el mayor de ellos, X’lakha, con cuarenta metros de profundidad, está ubicado al interior de la zona arqueológica. El Plan de Manejo reporta también 386 especies de flora, algunas de ellas endémicas en la selva baja caducifolia. La fauna incluye venado cola blanca, ocelotes, pumas y ardilla yucateca, 153 especies de aves y 99 especies de mariposas.
Las áreas de las comisarías que no forman parte del PND son utilizadas para agricultura de autoconsumo, pastoreo y forestería. Además de estas actividades, la población local labora en el sector servicios: construcción, jardinería y un pequeño grupo de cuatro a seis personas en trabajos eventuales en la zona arqueológica. La Comisaría de Chablekal tiene 8,094 habitantes y la de Dzibilchaltún 303 (INEGI, 2022).
Dzibilchaltún significa “lugar donde hay escritura en las piedras” (Vela, 2006) que con certeza se refiere a las inscripciones en los vestigios arqueológicos. Fue un importante centro urbano maya desde el Preclásico tardío hasta la conquista de Yucatán en 1546. En el período Clásico llegó a tener cuarenta mil habitantes abarcando 19 km2. Tras la conquista, la ciudad de Mérida concentró la administración colonial, por lo que las poblaciones cercanas se convirtieron en “pueblo de indios”. La zona arqueológica de Dzibilchaltún contiene 800 estructuras, un marcador astronómico, plazas y edificaciones decoradas con pinturas (INAH.TV, 2011).
La población del área de estudio vivió a finales del siglo XIX y principios del XX el cambio de encomiendas a haciendas henequeneras, con condiciones de trabajo prácticamente iguales a las de la etapa colonial. Durante la Revolución Mexicana, el presidente Carranza pidió concretar el reparto de tierras en la Península, pero los hacendados negociaron y lograron detenerla. En 1922, el gobernador Felipe Carrillo Puerto intentó llevar a cabo el reparto agrario, pero en esa ocasión fue el gobierno federal el que no formalizó el proceso. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, en 1936, se logró concretar el reparto agrario y la formación de los ejidos en Yucatán, creándose entre ellos los ejidos de Dzibilchaltún y de Chablekal. Desde entonces, como en gran parte del país, el ejido en estas localidades no solamente es una forma de propiedad social, colectiva y de organización para la producción, sino que constituye una forma de organización comunitaria y de toma de decisiones (Careaga e Higuera, 2011).
Los ejidos continuaron produciendo henequén para la empresa estatal Cordemex, además de mantener su pequeña producción agrícola. Cuando el mercado mundial del henequén cayó, a partir de los años cincuenta del siglo pasado, redujeron la producción y continuaron con agricultura de autoconsumo y ganadería.
Con el cambio neoliberal en México, en la última década del siglo XX, además del cierre de Cordemex, el gobierno de Carlos Salinas intentó deshacer la organización ejidal a través del Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares (Procede) para parcelar los ejidos, transformando la propiedad colectiva en propiedad privada. Su argumento fue que los ejidatarios tendrían así certeza en la propiedad de la tierra, libertad para vender, asociarse o ser sujeto de crédito. Sin embargo, los análisis críticos del programa lo señalan como un intento de privatización, de pulverizar la tierra, debilitar la organización campesina y facilitar las inversiones a las grandes empresas mexicanas y extranjeras, como pudo constatarse en algunas regiones del país (Preciado, 2000; Magaña, 2020). No obstante, los ejidos de Dzibilchaltún y de Chablekal, como muchos otros en México, decidieron en asamblea mantener la mayor parte del territorio ejidal en propiedad colectiva, comunal y al ejido como forma de organización de la producción y para su propia gestión comunitaria. Actualmente el 60% del territorio del estado de Yucatán corresponde a un régimen de propiedad social, ejidal (Torres, 2023, min. 19).
Los ejidos de Dzibilchaltún y de Chablekal, así como su ejido vecino de X’Kanatun, además de albergar en parte de su territorio al Parque Nacional (PND), están actualmente rodeados de fraccionamientos cerrados, de lujo y están en construcción otros fraccionamientos más (Ver figura 3 y Semarnat, 2021). La ciudad de Mérida se encuentra en una dinámica de metropolización a costa de los ejidos cercanos. Bolio (2016) explica cómo a partir de la puesta en marcha del Procede, se aceleró esta expansión horizontal, de ciudad difusa, dispersa y desconectada, cambiando los usos de suelo o ignorándolos, tanto en áreas elegidas para vivienda de lujo como para vivienda de interés social en el sur y oriente de Mérida. Para satisfacer ese ritmo de construcción, otras zonas de la periferia de Mérida fueron convertidas en bancos de materiales. La figura 3 muestra la expansión de la zona urbana de Mérida en las últimas décadas.
Bolio (2016) y Rodríguez (2011) también describen despojos de propiedades ejidales y de parcelas, así como “compras” que los legítimos propietarios fueron los últimos en conocer y concluye que la economía de la zona metropolitana de Mérida tiene un componente especulativo en el mercado de suelo periurbano y que la urbanización en estos espacios ha agudizado los problemas de movilidad, de transporte público y los impactos en el medio ambiente. También señalan que la estructura normativa y administrativa de la urbanización tiene deficiencias, rezagos y contradicciones que no propician la gobernanza. El actual Programa de desarrollo urbano de Mérida está vigente desde 2018 y ya presenta el área en estudio como disponible para el crecimiento de la ciudad, a excepción del territorio ejidal, lo que permite afirmar que la autoridad municipal tiene el objetivo de facilitar la expansión urbana horizontal, a través de sus instrumentos de planeación territorial (Ayuntamiento de Mérida, 2018).
Por su parte, Magaña (2021) se refiere a 82 casos de conflictos de territorios ejidales en el estado de Yucatán entre 1991 y 2017; es decir, a partir del programa Procede. Las causas: venta ilegal, despojo, invasión, indemnización, modificaciones del padrón ejidal, contaminación y disputa del terreno. Los casos de los fraccionamientos vecinos de Chablekal y Dzibilchaltún son ejemplos, entre muchos otros, de la presencia de intereses inmobiliarios propiciando la expansión urbana.
Torres-Mazuera (2021) también describe modificaciones en la posesión de territorios en la península de Yucatán desde los años noventa del siglo XX, considerando que parte de esos cambios implicaron el despojo de tierras ejidales con fines inmobiliarios, entre otros objetivos. Torres (2023, min. 18:30) menciona los esfuerzos de privatización y venta de empresarios inmobiliarios con el apoyo de autoridades en el estado de Yucatán. El ejido de Dzibilchaltún no ha tenido modificaciones, mientras que en Chablekal sí se ha registrado la venta de algunas parcelas (Magaña, 2021).
Figura 3. Crecimiento urbano en la zona colindante de Dzibilchaltún y Chablekal
Fuente: Ver interior figura 3.
A continuación, se examina el conflicto bajo la perspectiva de pérdida del lugar y conflicto territorial, a partir del contexto descrito.
5. El conflicto
En la base del conflicto, encontramos a las comunidades estudiadas que: a) mantienen su forma de organización ejidal para la toma de decisiones, con diferencias en el nivel de cohesión, como se comenta más adelante, b) observan la expansión urbana que modifica el paisaje (difuminación de fronteras) y propicia la plurifuncionalidad de los habitantes, y c) están sensibilizadas ante el entorno en el que los ejidos son motivados o presionados a vender, mientras que otros han sido engañados y despojados a través de mecanismos diversos, lo que las mantiene alertas y organizadas (Baas, A y Ab, comunicaciones personales).
Las comunidades, representadas por la organización ejidal, aceptaron en 1986 la declaratoria del PND y con ello algunas limitantes como la cacería, pero no percibieron afectaciones radicales en su vida y actividades como lo es su agricultura de autoconsumo; incluso expresan entender el valor de la conservación en el área (Aa y Ac, Baas, comunicación personal, 2022).
Respecto de la entrega de la Zona Arqueológica desde las comunidades hacia la administración del INAH, en las primeras décadas este hecho tampoco representó un motivo de atención, puesto que no alteró su vida cotidiana. Posteriormente, las medidas aplicadas por el INAH en el área de la zona arqueológica fueron excluyendo a la población, por lo que las acciones de las comunidades iban escalando también (solicitan la indemnización, la exigen y finalmente bloquean la entrada a la Zona Arqueológica). Los ingresos del INAH y del Gobierno del Estado por el pago de entrada a la zona arqueológica también son interpretados como un beneficio que su territorio brinda a las autoridades (Baas, A, Aa, Ab, comunicaciones personales, 2022).
Otros actores son parte importante del contexto, constituyen una presión, pero de presencia velada. El gobierno municipal ha establecido en su Programa de desarrollo urbano como áreas “de crecimiento” aquellas que no son parte de los ejidos, aún las colindantes con el PND, sin objeciones por parte de la administración del Parque. La administración del PND corresponde al gobierno de Yucatán y se ha caracterizado por la poca atención al seguimiento del Plan de Manejo y a la conservación del PND, y no tiene presencia oficial frente a los conflictos en el área. Su relación y apoyo a los intereses inmobiliarios no es abierta o pública en el área de estudio, mientras que ha sido más obvia para casos de disputas en la ciudad (Bolio, 2016; Rodríguez, 2011).
Las empresas inmobiliarias han seguido una estrategia de detección de personas o grupos dispuestos a la venta de sus derechos y parcelas en los ejidos en el área periférica de Mérida; sea en zonas para desarrollo de vivienda popular o de lujo. La compra de espacios lo realizan a través de intermediarios, no a nombre de las inmobiliarias (Magaña, 2021; Bolio, 2016). El ejido de Chablekal, con menor cohesión, ha presentado la venta de parcelas y operaciones irregulares ya mencionadas (Magaña, 2021; Torres-Mazuera, 2021.)
Integrantes del ejido de Chablekal bloquearon la entrada a la zona arqueológica de Dzibilchaltún en julio de 2021. Antes de eso habían realizado algunas protestas, afectando las actividades de la zona arqueológica, además de que el Parque había permanecido cerrado por la pandemia en 2020 y por la inundación del área ante el paso del huracán Delta en octubre de 2020. El INAH declaró que gracias a las conversaciones con la Asamblea Ejidal el Parque reabriría el 31 de octubre siguiente (INAH.TV, 2021), pero el bloqueo se mantuvo hasta julio de 2022.
Los ejidatarios exigían la indemnización por la expropiación del área de la Zona Arqueológica realizada cinco décadas antes. Aunque el INAH declaró que no estaba obligada a indemnizar, puesto que el sitio estaba inscrito ante el Registro público de monumentos y zonas arqueológicas (DOF, 2015), aceptaba al mismo tiempo que nunca fueron tramitadas ni concretadas la expropiación ni la indemnización. Frente a estas declaraciones, los representantes de la Asamblea Ejidal afirmaron que tenían una década de acudir año con año a la administración del INAH, a solicitar se tramitara la indemnización por la expropiación y la respuesta era que ésta se encontraba en trámite (Aa y Ab. Comunicación personal, 2022).
Es importante recordar el contexto ya expuesto del problema. Magaña (2020) documenta que cuatro años antes del cierre de la zona arqueológica se realizó una compra irregular e ilegal de una parte del ejido de Chablekal, además de “actualizar” el padrón ejidal dejando fuera del ejido a parte de la comunidad y agregando los nombres de algunos empresarios de Mérida. Puesto que no se había cumplido con el procedimiento debido con la participación de la mayoría de la comunidad, esta operación fue anulada (Torres Mazuera, 2021; Magaña, 2020; Diario de Yucatán, 2021). Esto alertó aún más a las comunidades respecto del valor de su territorio, pero también mostraba el peligro de la división al interior del ejido por parte de quienes estaban dispuestos a participar en operaciones irregulares.
Los ejidatarios de ambos espacios habían vivido como un despojo gradual la pérdida del área de la zona arqueológica; no lo percibieron así en el momento inicial de ocupación del sitio por el INAH, ante el que no hubo rechazo, sino que fue a partir de las decisiones que les fueron excluyendo del lugar: primero les comunicaron que ya no podían cruzar por la zona arqueológica en sus trayectos hacia sus casas o trabajo; posteriormente, tampoco podrían llevar más al escaso ganado a pastar ni a beber a los cenotes que usaban hasta entonces, y finalmente se les negó la posibilidad de acudir a los cenotes que constituían hasta entonces sitios de esparcimiento familiar (Ortiz, 2001).
Este proceso, de acuerdo con las declaraciones de los ejidatarios (Aa, Ac, comunicación personal, 2022) corresponde a lo señalado como pérdida del lugar al que se refiere Nogué (2014), puesto que se percibe en el momento en el que su paisaje cotidiano, los recorridos y sitios familiares dejan de ser suyos y, sobre todo, dejan de ser. La lectura de la comunidad es que lo que fue su lugar pasó a ser “sólo para los turistas”; a pesar de ello, las comunidades representadas por los ejidos, así como en las comunicaciones personales, no se plantea oposición a la presencia de turistas ni al uso del espacio por los mismos, sino que se concentran en el hecho de que, si esa zona ya no les pertenecía, puesto que estaban excluidos de la misma, dejó de ser suya para que el INAH la ocupara y tuviera un beneficio económico, por lo tanto tendrían que recibir la indemnización correspondiente. Este es el discurso predominante. La prensa registra reuniones de la administración del INAH con los representantes de los ejidos, en las que se les informó que sí recibirían una indemnización, misma que se encontraba en proceso y se les solicitaba la apertura de la zona arqueológica; sin embargo, los representantes ejidales mantuvieron firme la condición de pago de la indemnización para realizar tal apertura (Diario de Yucatán, 2021).
El INAH había gestionado la mejora de los accesos a las comunidades de los ejidos y la instalación de una cancha deportiva, pero de ninguna manera los ejidos podrían considerarlo suficiente como compensación. Menos aún podían serlo algunas sesiones de educación ambiental para niños que se impartieron en las instalaciones del INAH, a las que no podían acudir los niños de las comunidades por falta de transporte, y que fueron aprovechadas por infantes de la ciudad de Mérida que acudían con sus padres en automóvil (Ortiz, 2001), haciendo evidente con ello la errónea comunicación del INAH con las comunidades locales. La pérdida de lugar se convierte en un conflicto territorial (como lo señala Nogué, 2016a) cuando los ejidatarios se sienten despojados, no con la llegada del INAH en este caso, sino posteriormente, al estar excluidos del sitio primero y posteriormente verse destituidos de los beneficios económicos que ese lugar genera, por lo cual deciden reclamar una indemnización.
Como ya se ha comentado, el entorno de los ejidos se fue transformando con la construcción de los fraccionamientos que les rodean, lo que puede considerarse conflicto de referencias e identidad, disolución de fronteras urbano-rural, de acuerdo con lo que señala Nogué (2014 y 2016a). En este nuevo entorno, además de la agricultura de autoconsumo y la microganadería y forestería, las comunidades confirman la plurifuncionalidad globalizante de las zonas rurales, optando por la alternativa de trabajar en construcción, en jardinería y como mozos en los fraccionamientos (INEGI, 2022). Es decir, optaron por reconfigurar sus espacios de producción, de movilidad y de vida (De Grammont, 2004), atestiguando la transformación del paisaje señalado por Nogué (2014 y 2016b). Su reclamación de una indemnización derivó de la convicción de que esa área dejó de ser suya. Su espacio y parte de lo que fue su patrimonio ya no era propio, sino que podía ser aprovechado, explotado, por la autoridad (Aa y Ac, comunicación personal, 2022), es decir, una pérdida del lugar.
Los ejidatarios observaban la llegada de turistas al sitio. De los 3’640,893 visitantes a las zonas arqueológicas de Yucatán en 2019 (antes de la pandemia), correspondieron a Dzibilchaltún 163,300, tercer lugar, después de Chichén Itzá y Uxmal (INAH, 2022). Conocieron el monto del pago que realiza cada visitante para observar la zona arqueológica: $89 pesos por persona para la administración del INAH, más $85 pesos por visitante nacional o $184 pesos por cada visitante extranjero, que deben ser pagados al gobierno del estado de Yucatán. Los ejidatarios no cuestionaban la presencia de turistas, sino su exclusión y despojo del sitio que han padecido, y también su exclusión del aprovechamiento de la zona arqueológica que hacían solamente las autoridades federales y estatales. Por ello, también habían decidido abrir un estacionamiento para los visitantes junto a la entrada de la zona arqueológica que podría generarles un pequeño ingreso, incomparable al generado por las entradas: $20 pesos por vehículo y $100 por autobuses.
Ante esto, es comprensible el enojo y disposición para reclamar la indemnización ante lo que les había sido “expropiado”, entendido precisamente como expropiación porque ya no les pertenecía, aun cuando no reclamaron en el momento de la entrega del área al INAH, y a pesar de que la institución no aceptó, tras el cierre forzado de la entrada a la zona arqueológica, que hubiera sido un acto de ese tipo. Los dos ejidos involucrados hicieron el reclamo, aunque fue el ejido de Chablekal el que inició la toma de las instalaciones en julio de 2022. El sitio había estado cerrado desde la pandemia y por las afectaciones del huracán Delta en 2020, posteriormente por las protestas y después por la toma de instalaciones a manos del ejido de Chablekal.
Finalmente, el INAH y el Gobierno del Estado negociaron con los ejidos y aceptaron pagar la indemnización. De acuerdo con lo informado por la prensa, fueron ciento veinte millones de pesos (Salazar, 2022). No obstante, a decir de los propios ejidatarios, el ejido de Dzibilchaltún recibió lo acordado, mientras que los integrantes de Chablekal recibieron una cantidad proporcionalmente menor (Aa, Ab, comunicación personal, 2022). Las inconformidades generadas por la negociación permiten afirmar que es muy probable que el caso no esté totalmente cerrado, aunque la zona arqueológica haya sido entregada.
Es importante señalar que el ejido de Dzibilchaltún ha mostrado en las últimas décadas más cohesión comunitaria, bajo la que se determinó su participación en el conflicto. En el caso de Chablekal, que es mayor en extensión de territorio y número de integrantes, a la par de contar con mayor presencia de avecindados, las últimas dos décadas ha debido resolver cuestiones de venta de parcelas, de cambios en el padrón de ejidatarios, así como de críticas a las autoridades ejidales en turno (Magaña, 2020). El mismo acuerdo de indemnización también ha sido cuestionado al interior del referido ejido (Ab, comunicación personal, 2022).
El 25 de julio de 2022 fue abierta al público la zona arqueológica de Dzibilchaltún. Esta confrontación y la postura inflexible de las comunidades contrasta con su actitud frente al resto del territorio del Parque Nacional, sobre el que no hay reclamaciones ni aún es un tema al que se le preste atención. En la figura 2 se observa cómo se encuentran los territorios de los ejidos de Dzibilchaltún y de Chablekal, y cómo parte de ellas queda dentro del Parque Nacional de Dzibilchaltún, sin que ello afecte el uso que las comunidades hacen del territorio correspondiente, como se ha explicado.
El decreto respectivo y el Plan de Manejo limitan las actividades del área a forestería, por lo que los ejidos desarrollan su agricultura de autoconsumo solamente en las zonas ejidales que quedan fuera del PND, mientras que dentro de los límites del Parque siguen practicando parte del pastoreo para su escaso ganado, gracias a que no existe vigilancia en el área, si bien ya no cazan en esa zona. Sin embargo, el Parque ciertamente no tiene vigilancia ni se aplica o da seguimiento al respectivo Plan de Manejo, y no ha objetado la autoridad municipal la construcción de fraccionamientos colindando con el PND, sin una zona de amortiguamiento para La Ceiba I y II (figura 1), ni para los nuevos proyectos (Semarnat, 2021).
Este esquema de administración por parte del gobierno estatal ya había sido señalado y criticado por la falta de cuidado para la conservación dentro del Parque Nacional (Arellano et al., 2008). No obstante, para los ejidatarios ha implicado que no se sientan limitados ni despojados por compartir su territorio con el PND, a pesar de que su participación en consultas para la declaratoria y gestión del Parque ha sido muy poco significativa (Aa y Ab, comunicación personal, 2022). Esta actitud de los integrantes de los ejidos parece derivar de que las restricciones no han sido suficientes para cambiar el sentido de pertenencia o propiedad que detentan el ejido y la comisaría; lo sienten suyo, puesto que aprovechan algunos de sus recursos y porque los integrantes de la comunidad no enfrentan limitaciones para circular en el Parque y aprovechar sus recursos, y en éste no se han realizado obras o cambios sin consultarlos. Es decir, sigue siendo su espacio con las características que ellos identifican y con las que se identifican, como señala Nogué (2016b) es parte del paisaje que reconocen y les brinda parte de su identidad, a pesar de los cambios graduales y de la expansión urbana.
La gran resiliencia que las comunidades rurales de la península han mostrado ante los fenómenos y cambios en sus territorios, así como en el entorno socioambiental, puede explicar parte de esta posición frente al Parque; sobre todo, lo que parece ser más significativo es que encuentran los elementos para seguirlo considerando parte de su territorio y eso ha sido lo más importante: es parte de su ejido, de sus actividades cotidianas, de su paisaje. Cabe señalar que esta actitud libre de conflicto de las comunidades frente al estatus de Parque Nacional se presenta a pesar de que sus experiencias con representantes de diferentes sectores y niveles de gobierno estatal no ha sido siempre positiva; les ha resultado difícil aun en los casos de gestión de programas que deberían ser de apoyo a estas comunidades (Ac, Baas; Evia, comunicación personal, 2022).
Llama la atención la ausencia de las autoridades agrarias o la autoridad municipal de Mérida durante el conflicto, no como protagonistas, sino en calidad de testigos, negociadores, o respaldo de las comunidades por parte de la Administración del PND (gobierno estatal), en tanto quienes reclamaron fueron los ejidos, lo que probablemente tuvo como objetivo no conflictuarse con las comunidades y su decisión de no expresar o sugerir su apoyo a las mismas.
6. Reflexiones finales
El tema central de este trabajo, el conflicto generado por la toma y cierre de la zona arqueológica de Dzibilchaltún en 2021, a pesar de lo expresado por los medios de comunicación, no puede ser considerado un conflicto turístico ni es posible explicarlo suponiendo un rechazo de la comunidad local respecto del turismo. Por ello, se ha propuesto revisar el contexto sociohistórico y analizar la razón de las demandas de las comunidades locales.
Las reacciones y acciones de estas comunidades han sido estudiadas y explicadas a partir de lo planteado por Nogué (2014) y sus señalamientos de cómo los cambios y exclusión en los lugares que las personas y los grupos sociales identificaban como suyos y con los que se identificaban constituye un sentido de pérdida del lugar, significando también un conflicto territorial. Este es el caso vivido precisamente en las comunidades de Dzibilchaltún y Chablekal, al ser excluidos de sus lugares, sitios que les permitían trabajar, convivir en el medio de un paisaje que los enlaza con su tierra, como territorio del que se sienten parte. Dejó de ser suyo y lo enfrentan, exigen y reconstruyen su vínculo con el sitio.
El conflicto también corresponde al señalamiento de Nogué (2014) sobre las movilizaciones sociales que, explica, derivan de la importancia del lugar y de las identidades territoriales, en un contexto de globalización donde las instituciones y las políticas territoriales no consideran la visión de los involucrados, propiciando reacciones de defensa de su lugar. Estos puntos corresponden también a las comunidades estudiadas, con una identidad ligada históricamente a su territorio.
Las comunidades de Chablekal y Dzibilchaltún mantienen su organización productiva y de gestión comunitaria bajo la figura de Ejido, lo que les ha brindado cohesión y fortalece su identidad y pertenencia. Su contexto, sin embargo, comprende un panorama complejo, difícil. La implicación de lo que se considera “nueva ruralidad” o “nuevo subdesarrollo”, desde dos perspectivas diferentes, está presente en el marco sociohistórico o socioeconómico de la zona y de las comunidades de estudio, siendo de manera muy resumida, la presión hacia una plurifuncionalidad de las comunidades rurales (Delgado, 1999; De Grammont, 2004).
Ciertamente, el turismo, los servicios personales o la construcción en las que se han incorporado estas y muchas otras comunidades no han significado mejoras en su calidad de vida. Este contexto y los antecedentes de ventas, ventas ilegales y despojos de tierras parecen haber influido para que las comunidades estuvieran alertas (Aa, Ab, Ac, Baas, comunicaciones personales, 2022) y con una sensación de vulnerabilidad, lo que propició su decisión de generar acciones de presión, en lugar de seguir insistiendo pacíficamente en el trámite de la indemnización. En estas circunstancias, percibieron que no iban a lograr su propósito insistiendo en su solicitud, también ha estado presente la sensación de injusticia por el ingreso que reciben las autoridades con el pago de entradas de los turistas al usar el su territorio; así, la indemnización por concepto de la expropiación es “justa”.
La falta de gobernanza y de una comunicación respetuosa hacia las comunidades propiciaron el conflicto. Es claro que la actitud de las poblaciones locales fue abierta y paciente y que no fue medida su capacidad de reacción ante el desinterés por lograr un acuerdo oportuno. También es claro que se hubiera apostado al debilitamiento de la cohesión de las mismas ante las posibilidades de venta de las tierras ejidales.
La ausencia de cuestionamientos u oposición a la presencia de turistas por las comunidades es comprensible, porque se tiene la expectativa de generar ingresos por el turismo y también por su proceso de adaptación a la plurifuncionalidad que impone el entorno, más en el sentido de resiliencia que de abandono a su organización y movimiento. Esto puede señalarse principalmente respecto del ejido de Dzibichaltún, que ha mostrado cohesión en sus decisiones y para planear los siguientes pasos, como comunidad ejidal.
Es pertinente recordar lo que Nogué (2016b) señala como conflicto paisajístico que se presenta entre lo que conocimos, lo que imaginamos y con lo que estábamos identificados, frente a los “nuevos” paisajes creados. Es un tema pendiente de profundizar en lo relativo al “nuevo” paisaje de una zona arqueológica, ahora ajena, con visitantes, una sala-museo y las instalaciones de la entrada. Asimismo, un entorno con largas bardas de los fraccionamientos en donde había sitios para el pastoreo.
Un año después de las movilizaciones, los ejidos obtuvieron la indemnización correspondiente, pero el tema no puede considerarse resuelto. En Chablekal, con antecedentes de división al interior del ejido y conflictos por venta de parcelas y cambios en el padrón de ejidatarios, existen condiciones para cuestionar el acuerdo de indemnización y el peligro de mayor división (A, Ab, comunicación personal, 2022).
También existe otro riesgo: hasta ahora el estatus de Parque Nacional (PND) no ha implicado oposición o dudas respecto al área protegida de la que forman parte espacios significativos de los territorios ejidales, no han dejado de ser su lugar. No obstante, de acuerdo con el esquema de administración del Parque por el gobierno del estado de Yucatán y al Programa de desarrollo urbano del municipio de Mérida, el territorio de los ejidos tiene restricciones para la conservación. Si ambos o alguno de los niveles de gobierno decide tener una mayor intervención para gestionar el parque, de acuerdo con el Plan de Manejo o incluso para algún proyecto ambiental específico, se abre la posibilidad de que se realice en comunicación y coordinación con las comunidades, o que se genere un nuevo conflicto.
Las condiciones del contexto no solamente no han cambiado, sino que se afianzan aún más. Las políticas territoriales en el ámbito estatal y municipal y el ordenamiento urbano continúan con una perspectiva de expansión urbana horizontal y dispersa; mientras que la ausencia de límites para los intereses inmobiliarios y de otro tipo de empresas para ejecutar cambios territoriales y sobre todo para hacerlo a costa de otros sujetos, sigue poniendo en peligro a comunidades vulnerables a pesar de su cohesión y decisión de defender sus espacios, o bien aprovechando precisamente sus fracturas o divisiones internas. Es posible que la decisión de ceder ante el reclamo de los ejidos lleve a los implicados en el problema y a los presentes en el contexto a reformular sus estrategias, para cambiar las condiciones y asegurar la salvaguarda de sus intereses, sean los de los diferentes niveles de gobierno, el de las empresas inmobiliarias o el de la alianza de ambos.
El respeto a las comunidades y a sus decisiones, así como la presencia de gobernanza real en las políticas y acciones de los diferentes niveles de gobierno son claramente indispensables para evitar conflictos territoriales. Una actitud de alerta, como la mostrada por estas comunidades y una mayor cohesión puede apoyarlas también. Sin embargo, para ello juegan en contra las dinámicas presentes en el contexto social, económico y político actuales y la presencia incierta de voluntad política para evitarlo o resolverlo.
La movilización de los ejidos de Chablekal y Dzibilchaltún y sus logros es un caso entre muchos otros que diversas comunidades están enfrentando o lo han hecho en temas territoriales de este y de otro tipo, en otras áreas rurales o en áreas protegidas, que involucran más o menos directamente al turismo, además de otros ámbitos relevantes como son los derechos humanos, derechos agrarios o derechos indígenas. Por ello, es importante el estudio de los casos y la insistencia en lo que debe corresponder a las políticas públicas, y al respeto a los derechos ciudadanos y comunitarios por parte de todos los actores políticos, económicos y sociales.
El turismo y su crecimiento generan cambios en el territorio, en los usos de suelo y en el uso de los recursos y espacios naturales y culturales; por lo tanto, afecta a las comunidades relacionadas con esos recursos y espacios. Los conflictos generados por el turismo, afines a él o conviviendo con el mismo exigen un seguimiento, estudio, así como propuestas y acciones de incidencia para evitarlos, abordarlos y resolverlos. En el caso aquí examinado, la presencia del turismo y el manejo del problema por parte del INAH propició la respuesta y exigencia de las comunidades. La convivencia con éstas en cuyo territorio está esa porción cedida al INAH y administrada por él requiere de acuerdos permanentes de vecindad, pero también de colaboración y de comunicación basada en la gobernanza.
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