ECOTURISMO COMUNITARIO Y AUTONOMÍA: UN ANÁLISIS DESDE EL CONCEPTO DE GOBIERNO DE LOS BIENES COMUNES, ECOLOGÍA POLÍTICA Y CAMBIO EN EL MODO DE PRODUCCIÓN
Resumen
Este artículo analiza las contradicciones del ecoturismo comunitario a través del caso de Mazunte, México. Examina cómo las comunidades de México han debido sacrificar su autonomía política ante un modelo económico incapaz de ofrecer opciones productivas soberanas. La dependencia política derivada de las coacciones económicas genera conflictos socioambientales que afectan la conservación, debilitan las relaciones comunitarias y reproducen los dilemas del desarrollo global. Propone superar el estancamiento de la conservación ambiental mediante un enfoque que otorgue condiciones materiales soberanas, respetando la autonomía y los modos de producción arraigados localmente.
Palabras clave: Mazunte, ecología política, autonomía política, ecoturismo, autonomía productiva.
COMMUNITY ECOTOURISM AND AUTONOMY: AN ANALYSIS FROM THE CONCEPT OF COMMON GOODS GOVERNANCE, POLITICAL ECOLOGY AND CHANGE IN THE MODE OF PRODUCTION
Abstract
This article analyzes the contradictions of community-based ecotourism through the case of Mazunte, Mexico. It examines how Mexican communities have been forced to sacrifice their political autonomy under an economic model incapable of offering sovereign productive options. Political dependence, driven by economic coercion, generates socio-environmental conflicts that undermine conservation, weaken community relationships, and replicate the dilemmas of global development. It proposes overcoming the stagnation of environmental conservation through an approach that ensures sovereign material conditions while respecting autonomy and locally rooted production systems.
Keywords: Mazunte, political ecology, social innovation, ecotourism, productive autonomy.
1. Introducción
México, reconocido por su gran biodiversidad, cuenta con vastos territorios comunales y ejidos que resguardan la mayor parte de su riqueza natural. Sin embargo, este modelo de gestión ambiental ha cambiado y se ha venido alterando: en 2001, el gobierno reconocía que más del 80% de la superficie forestal era de propiedad ejidal y comunal (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional Forestal, 2001, p. 18), mientras, actualmente, por las pérdidas forestales y el cambio en la tenencia, ya sólo se habla de 70% (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2024). Este cambio ocurrió a partir de los nuevos modos de administración neoliberal del territorio y de la economía local. Por una parte, comenzaron a decretarse áreas naturales protegidas gestionadas por agencias ambientales de gobierno que limitaron las actividades productivas, por el otro, comenzaron a facilitarse apoyos para el desarrollo de ecoturismo1 comunitario que, por cierto, también enriquecieron los destinos de sol y playa del país (Vargas-del-Río, 2020; Brockington et al., 2012). Considerando la situación en todo su contexto, el ecoturismo significa una imposición política y productiva para el modo de vida comunitario mexicano, presente en más del 50 % del territorio (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2024). Sin embargo, dadas las condiciones de marginación económica que han afectado a las sociedades comunitarias de estos territorios, esta medida no parece injusta. Por el contrario, los comuneros y la sociedad civil comprometida con el bienestar social y la conservación de la naturaleza se han mostrado dispuestos a implementarla.
El nuevo modelo de conservación avanzó entre acuerdos comerciales que significaron la importación de materias primas que profundizaron aún más la pobreza de las comunidades y entre modificaciones legales que permitieron privatizar la tierra (Vargas-del-Río, 2020). El resultado fue un retroceso socioambiental donde los territorios comunales comenzaron a reproducir los dilemas entre conservación y desarrollo económico del mundo desarrollado. Por ejemplo, a nivel territorial, la privatización llevó a la especulación con la tierra, seguida de la urbanización y la destrucción ambiental a gran escala (Juárez et al., 2022). A nivel social, los cam- bios condujeron a la degradación de las instituciones comunitarias, creciente desigualdad económica, conflictos y migraciones laborales (Otero, 2011). Actualmente, las comunidades de México deben resolver una encrucijada sin opción ganadora: adoptar prácticas extractivistas, perder la riqueza natural y depender de empresas pesqueras o agroindustriales; ceder la autonomía política a “expertos” en conservación, aceptar restricciones ambientales y depender de empresas turísticas; o bien, vender terrenos y abandonar el proyecto comunitario (Vargas-del-Río, 2020).
Considerando que la pérdida de soberanía va de la mano de creciente degradación ambiental y que esto se alinea con diferentes teorías sobre el desarrollo, se propone reflexionar acerca de ellas, a partir del análisis de la soberanía económica y la soberanía política desde Mazunte. Este proyecto en particular es interesante porque fue una de las primeras estrategias de ecoturismo comunitario en México, desarrollada desde la teoría del Ecodesarrollo (Baumhackl, 2000). En su momento, fue una estrategia innovadora, desarrollada al margen de los modelos de conservación de la Unesco y de actores gubernamentales, con el objetivo de fomentar la producción local y de promover formas de gestión y conservación comunitarias; antes de la popularización del ecoturismo tras la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 (ONU, 1992).
Para comenzar esta reflexión se revisarán teóricamente la estrecha relación que hay entre autonomía política y productiva, y conservación ambiental, desde los conceptos de gobierno de los bienes comunes, ecología política y modo de producción. Después, se explica la metodología, que sigue esta misma línea, para luego pasar a revisar las dificultades y aciertos del proyecto de Mazunte con una discusión basada también en estos tres conceptos. Una vez realizada esta reflexión, se esboza una estrategia para incrementar el bienestar social y la conservación de la naturaleza, que no signifique un cambio radical en los modos de producción local y que esté alineada con la realidad mexicana.
2. Encuadre Teórico: autonomía política, autonomía productiva y conservación comunitaria
Autonomía política y autonomía productiva de las comunidades locales son tópicos fundamentales en los análisis teóricos sobre temáticas relacionadas con el bienestar, la conservación y el ecoturismo. Diversos conceptos dentro de los análisis del problema de la pérdida de la biodiversidad en territorios comunitarios hacen referencia de alguna u otra forma a estos temas, como participación social, gobernanza ambiental, empoderamiento comunitario, economía solidaria, justicia ambiental, ecología social, desarrollo endógeno, tecnología apropiada, innovación social, ecodesarrollo, por citar algunos.
En este encuadre teórico, se busca presentar las premisas básicas para mostrar el caso de estudio de Mazunte a partir de los conceptos institucionalistas sobre el gobierno de los bienes comunes, así como propuestas analíticas de la ecología política y el enfoque estructuralista del modo de producción. A pesar de que son temáticas que se entrelazan y confunden, se ha considerado que estos enfoques son pertinentes para analizar integralmente las posibilidades de construir autonomía, política y productiva, y su relación con la conservación y el ecoturismo, porque presentan abordajes complementarios.
En primer lugar, el concepto del gobierno de los bienes comunes analiza el papel fundamental de la autonomía, apoyada en reglas construidas localmente, en la conservación y el bienestar. En contraposición, desde la ecología política se estudian los conflictos ambientales derivados de las relaciones de poder entre actores; es decir, las dificultades para alcanzar la autonomía en el contexto económico capitalista y las consecuencias ambientales de esta intrusión. Finalmente, el concepto estructuralista de modo de producción es útil para entender el aspecto de la autonomía productiva local, que es fundamental para la política comunitaria y las dinámicas socionaturales, que a menudo se suelen pasar por alto.
2.1 Gobierno de los bienes comunes
La interdependencia entre autonomía política y conservación ambiental es el centro de análisis de los teóricos del gobierno de los bienes comunes, quienes han demostrado que las comunidades locales, al ejercer control sobre sus territorios y recursos, logran conservar sus ecosistemas de manera efectiva y sostenible (Ostrom, 2000; McCay y Acheson, 1987a, b; DeCaro y Stokes, 2008; Bixler et al., 2015). Una de las exponentes más destacadas fue la politóloga Elinor Ostrom (2000), quien demostró que la sostenibilidad ambiental de estos modos de gestión comunitario depende directamente de la capacidad de los comuneros para establecer acuerdos institucionales que excluyan a actores externos, definan restricciones autoimpuestas y regulen las prácticas productivas.
Este principio básico que explica la contradicción inherente entre la apertura económica de las comunidades al capitalismo, acompañada de una implementación de políticas ambientales externas, con la necesidad de conservar el medioambiente, fue demostrado en diversos contextos (e.g. McCay y Acheson, 1987a, b; DeCaro y Stokes, 2008; Bixler et al., 2015). En el caso de México destacan las investigaciones de Víctor Toledo que demostraron la coincidencia entre diversidad biológica y sociedades comunitarias, en lo que llamó diversidad biocultural (e.g. Toledo, 2001, 2005; Toledo et al., 2003).
La explicación de este fenómeno contrasta con la narrativa dominante, que enfatiza la necesidad de implementar normativas ambientales efectivas, fortalecer la vigilancia externa y establecer regulaciones a las actividades productivas, aunque recientemente matizada con la noción de participación local y de gobernanza (véase, por ejemplo, Hardin, 1968, quien fundamentó esta perspectiva desde un enfoque neomalthusiano). Desde esta narrativa comenzó a promoverse el ecoturismo como una actividad capaz de sustituir las actividades productivas locales destructivas (Ceballos-Lascuráin, 1998). Sin embargo, una comunidad tiene un incentivo mayor para gestionar los “recursos naturales” de manera racional y sostenible a largo plazo, con visión transgeneracional, en comparación con propietarios privados, cuya perspectiva suele limitarse a una generación o a la rentabilidad temporal que le da en cierto esquema de negocio (Martinez-Alier, 2004).
Este principio de gestión ambiental comunitaria obtuvo respaldo legal en México desde la Constitución de 1917, que reconoció el derecho de las comunidades indígenas y los ejidos a administrar sus tierras de manera colectiva y autónoma. Esta base jurídica propició autonomía sociopolítica en las áreas naturales y fue un factor clave para que México sea hoy un país megadiverso (Vargas-del-Río, 2020). Sin embargo, ante la falta de oportunidades económicas autónomas, los territorios quedaron vulnerables a empresas externas. Frente al extractivismo y la urgencia de frenar el deterioro ambiental, se implementaron políticas ambientales que vulneraron la autonomía política de la comunidad para con su territorio. Al mismo tiempo, se impulsaron medidas que fomentaron la privatización de tierras y modos de producción, como el ecoturismo, que modificaron radicalmente la forma de relacionarse con el territorio y dieron agencia al sector empresarial, particularmente al de la industria turística (Mowforth y Munt, 1998).
2.2 Ecología política
La expansión de la esfera industrial hacia los territorios comunitarios, como es el caso del turismo, dio lugar a medioambientes altamente politizados, donde las formas legítimas y efectivas de gestionar el medioambiente se volvió un asunto polémico (Dryzek, 2013). En medio de interpretaciones diversas y disputas en las que el centro del problema era el uso de los recursos naturales y resultado era la destrucción ambiental, se volvió evidente que la raíz del problema de la destrucción ambiental era política en gran medida (Adger et al., 2001). La ecología política surgió entonces como un campo de estudio que analizó la destrucción ambiental como un conflicto entre actores más o menos poderosos, que están interesados en gestionar los recursos naturales de acuerdo con sus intereses (Bryant y Bailey, 1997).
En el ámbito discursivo destacó Escobar (1996), quien sostuvo que los discursos de desarrollo han servido como mecanismos de control que imponen modelos productivos ajenos a los intereses de las comunidades. Desde el campo de la ecología política, la implementación de programas ecoturísticos promovidos por agencias externas significó la transformación de las dinámicas económicas de las comunidades y posterior subordinación a actores interesados en darle un uso de conservación o turismo al territorio.
Vargas-del-Río (2020) profundizó en los conflictos sociales y en la degradación de las dinámicas socioambientales en los territorios comunitarios mexicanos provocados por el ecoturismo. Su estudio destaca cómo esta actividad reduce la autonomía política y va de la mano de un debilitamiento de las estructuras comunitarias. Detrás del discurso de la gobernanza ambiental y la participación social de las comunidades, está la dependencia de inversiones turísticas y de administradores externos del medioambiente. Esta pérdida de autonomía sobre el territorio significa traición de los acuerdos comunitarios y conflictos internos que llevan a la privatización, después a la especulación inmobiliaria, al desarrollo turístico desordenado y a la urbanización, y culminan con la destrucción de la naturaleza que se buscaba proteger.
2.3 Modo de producción
El modo de producción es un concepto central en la teoría económica y social de corte estructuralista que se refiere a la forma en que una sociedad organiza la producción de bienes y servicios. En términos generales, un modo de producción está determinado por la combinación de las fuerzas productivas (herramientas, tecnología, conocimientos y habilidades humanas) y las relaciones de producción, esto es, la estructura social y económica que define cómo se organizan el trabajo y la propiedad de los medios de producción (Veraza, 2012).
Es importante observar el modo de producción porque condiciona la relación de la sociedad, determina la política y la interacción con la naturaleza. La forma como se producen bienes y se satisfacen las necesidades estructura la sociedad, define los grupos que poseen el poder, la manera como se organizan las relaciones económicas y las dinámicas culturales que predominan (ver por ejemplo Harris, 2004). En el caso del ecoturismo, aunque se ha presentado como una alternativa de desarrollo sostenible, responde a una lógica productiva que depende del capital externo y de la integración al mercado global.
Mowforth y Munt (1998) argumentan que el ecoturismo frecuentemente reproduce patrones de explotación económica en los que las comunidades locales quedan subordinadas a las exigencias del mercado turístico internacional. Kontogeorgopoulos (2004) refuerza esta idea al señalar que los modelos ecoturísticos rara vez permiten a las comunidades desarrollar una autonomía productiva real, pues sus ingresos dependen de la intermediación de empresas y operadores externos. Ciertamente, el ecoturismo, al introducir una lógica de mercado en los territorios comunitarios, privilegia el valor de cambio sobre el valor de uso y genera una transformación estructural en las relaciones sociales. En lugar de ser una estrategia de empoderamiento local, muchas veces termina consolidando dinámicas de despojo, dependencia económica y conflictos socioambientales (Vargas-del-Río, 2020).
Por consiguiente, la falta de soberanía productiva compromete la soberanía política, pues incentiva dinámicas económicas que erosionan los acuerdos comunitarios y promueven la mercantilización del territorio (Martínez-Alier, 2004). En este sentido, para que las comunidades logren consolidar un modelo de desarrollo basado en la autonomía, sería necesario promover otro modelo de producción que priorice la autosuficiencia económica y no comprometa los acuerdos comunitarios al interactuar con actores externos (Schumacher, 1970).
3. Metodología
Este estudio se basó en un enfoque cualitativo, sustentado en un análisis de caso instrumental del proceso ecoturístico de Mazunte, Oaxaca. La selección de Mazunte se realizó debido a su relevancia como una de las primeras experiencias de ecoturismo comunitario en México y su compleja evolución, desde un modelo autogestionado hasta la imposición de prácticas turísticas controladas por actores externos.
El estudio utilizó un enfoque multimétodo para capturar la complejidad de las dinámicas de autonomía política y productiva, utilizando diferentes técnicas de investigación cualitativa: entrevista semiestructurada (Creswell, 2013), observación directa (Angrosino, 2007), análisis documental (Arias, 2006) y triangulación de información (Denzin, 1978).
Las entrevistas semiestructuradas incluyeron preguntas en retrospectiva para documentar los cambios en las dinámicas sociales y ambientales, a partir de los cambios en la producción. Las entrevistas se llevaron a cabo entre diciembre de 2006 y enero de 2007, septiembre a noviembre de 2007, y noviembre a diciembre de 2020. Los sujetos para entrevistar fueron identificados mediante la técnica de la bola de nieve. Se realizaron ocho entrevistas semiestructuradas a representantes de actores locales como cooperativas, representantes del municipio y funcionarios de gobierno que buscan la conservación; 30 entrevistas a comuneros; ocho entrevistas con actores regionales como las ONG, agencias de gobierno y operadores turísticos. Todos ellos actores involucrados directamente en la implementación del proyecto ecoturístico.
La observación se hizo en tres asambleas comunitarias con comuneros y turistas avecindados y dos reuniones regionales con actores de gobierno para entender los procesos de toma de decisiones y la dinámica del conflicto socioambiental. Además, se participó en cuatro asambleas de comités locales y dos con ONG, con el fin de observar las dinámicas sociales en distintas temporadas turísticas. Durante la temporada alta, se identificó la presión turística y los actores clave, mientras que, en la temporada baja, se facilitaron contactos y negociaciones con actores externos.
Para el análisis documental se revisaron documentos históricos, reportes institucionales y estudios previos relacionados con Mazunte y la gestión comunitaria de recursos naturales. El análisis se estructuró bajo tres ejes teóricos fundamentales: gobierno de los bienes comunes (Ostrom, 2000), ecología política (Escobar, 1996; Vargas-del-Río, 2020), y modo de producción (Mowforth y Munt, 2015; Kontogeorgopoulos, 2004).
El eje del gobierno de los bienes comunes aportó elementos para comprender cómo las comunidades pueden gestionar sus recursos de manera sostenible cuando cuentan con estructuras organizativas y normativas adecuadas. El eje de la ecología política permitió examinar las relaciones de poder que influyen en la gestión del territorio y la conservación ambiental, señalando cómo las intervenciones externas pueden modificar la autonomía local, como se ilustró en el caso de Mazunte. Y el eje del modo de producción ayudó a explicar cómo la dependencia de mercados globales y capital externo afecta la soberanía productiva de las comunidades, lo que puede traducirse en una pérdida de control sobre sus procesos económicos. Juntos, estos ejes permiten leer los retos que enfrentan las comunidades en la gestión de sus recursos y en la construcción de un modelo de desarrollo ecoturístico.
Tanto en los documentos analizados, como los datos recuperados con las entrevistas y observaciones, se obtuvieron más de 800 unidades de datos que fueron codificados y categorizados mediante un análisis temático, identificando patrones relacionados con la pérdida o fortalecimiento de la autonomía comunitaria.
En el eje de análisis gobierno de los bienes comunes se analizaron más de 230 códigos en donde se entiende cómo la comunidad gestionó colectivamente los recursos y cómo la intervención externa alteró estos procesos. En el eje ecología política se analizaron 186 códigos que permitieron explorar las relaciones de poder en la imposición de modelos ecoturísticos y su impacto en la autonomía local. Y, en el del modo de producción con 312 códigos examinó la equidad en la distribución de los beneficios derivados del ecoturismo y el acceso a la toma de decisiones. Finalmente, se realizaron triangulaciones entre los distintos tipos de datos para asegurar la coherencia y validez de los hallazgos. Esta triangulación metodológica permitió mitigar este sesgo y fortalecer la validez de las conclusiones.
4. Resultados
4.1 Contexto geográfico
Santa María Tonameca, en la costa del Pacífico de Oaxaca (ver figura 1), destaca por su biodiversidad y riqueza cultural, con especies endémicas y en peligro de extinción. Su geografía diversa incluye playas, lagunas y selvas, siendo un importante sitio de anidación de la tortuga golfina y hábitat de ballenas jorobadas y delfines. Reconocida como prioritaria para la conservación por la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), la región cuenta con iniciativas como programas de pago por servicios ambientales, restauración de ecosistemas y Áreas Naturales Protegidas, incluyendo Playa Escobilla, Mazunte y Ventanilla, promoviendo la participación comunitaria en la conservación (Conabio, 2004 a, b).
Sin embargo, el desarrollo turístico en la región ha generado tensiones con los esfuerzos de conservación. Desde la década de 1970, dos corrientes turísticas han influido en la zona: una de turismo alternativo, que atrajo a turistas de aventura y de bajo presupuesto tras un eclipse solar en 1970 y consolidó a Zipolite como un destino turístico alternativo (Brenner y Fricke, 2007), asociada al turismo de masas, promovida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que impulsó el desarrollo de Puerto Escondido y Huatulco (Brenner, 2005). En ese contexto, como se muestra enseguida, Mazunte se ha desarrollado en distintas fases que reflejan los cambios sociales, económicos y ambientales de la región, y de las comunidades agrarias de la costa de México.
Figura 1. Contexto regional de Mazunte en la costa de Oaxaca
Fuente: Trazado manual basado en imagen satelital de Maxar Technologies (2009), con modificaciones propias (Vargas-del-Río, 2010).
4.2 Mazunte antes del turismo
La primera fase en la trasformación social y productiva de Mazunte, que abarca de 1961 a 1967, marca la fundación del poblado y el inicio con un modo de producción agrícola y comunitario. Antes de 1940, la zona donde se ubica Mazunte estaba prácticamente deshabitada. Fue hasta principios de la década de 1950 que comenzaron a aparecer los primeros asentamientos, como un rancho privado donde se cultivaba plátano, maíz y ajonjolí. En 1958, dos familias se establecieron de manera permanente, trabajando en los ranchos de la región (Bravo-Fuerte y Molina-Ramos, 1994).
En 1961, el gobierno del estado de Oaxaca concedió 26,528 hectáreas de territorio a la comunidad de Santa María Tonameca, bajo un régimen de propiedad comunitario (Diario Oficial de la Federación, 1961). Este evento fue crítico para el desarrollo de Mazunte, al permitir el establecimiento gradual de una población organizada para la explotación agraria del territorio costero. Durante esta fase, los terrenos costeros eran poco apreciados debido a su escasa aptitud agrícola, riesgo de enfermedades y lejanía de los servicios básicos. Las primeras familias que se asentaron en la costa comenzaron a repartirse el territorio basándose en criterios agrarios, poseyéndolo de manera informal (Morales-Gómez, 2009).
A pesar de los intentos de los comuneros de Santa María Tonameca por desalojar a las familias asentadas en la costa, estas lograron permanecer gracias al respaldo del gobierno de Oaxaca y fueron reconocidas como núcleo de población en 1966. Cuando más personas solicitaron tierras para cultivar, la población de Mazunte creció, adoptando una economía basada en la agricultura de temporal y la pesca de autoconsumo (Bravo-Fuerte y Molina-Ramos, 1994; Salinas-Mares, 2003).
Hay un arroyo que cruza acá donde está el puente, y le dijo mi papá: “de aquí de este arroyo para acá es mío y para allá es tuyo”. En aquellos años no ha- bía escrituras ni documentos, eran dueños porque eran únicos (Comunero, 17/10/2007).
Mientras el poblado se iba consolidando, los habitantes comenzaron a integrarse en un sistema de toma de decisiones comunitario, respaldado por el gobierno mexicano y conocido como “usos y costumbres” (Carlsen, 1999). La ecología política de esta comunidad estaba basada en el autogobierno definido en la Asamblea de la Población. Los pobladores eran capaces de mantener su soberanía territorial con el respaldo de las instituciones gubernamentales, particularmente la Secretaría de la Reforma Agraria (Vargas-del-Río, 2010).
La segunda fase, que se extiende de 1967 a 1990, es un modo de producción artesanal y después industrial de tortuga marina que significó un cambio fundamental en la ecología política y el gobierno de los bienes comunes. A partir de 1967, pescadores de otros estados establecieron un rastro informal en Mazunte para explotar intensivamente la tortuga marina. Este evento transformó la organización social y la gestión de los recursos naturales en la región, convirtiendo la explotación de tortugas en la actividad principal, superando a la agricultura (ver figura 2).
Figura 2. Actividades productivas en Mazunte en 1990
Fuente: Vargas-del-Río (2010).
Las oportunidades económicas atrajeron a más inmigrantes, quienes se incorporaron a la comunidad a través de asambleas locales, manteniendo el modelo de gestión por “usos y costumbres”. Durante los primeros años de esta fase, la Secretaría de Pesca comenzó a regular la explotación de tortugas, exigiendo un “aprovechamiento integral” de la especie, lo que requería inversiones y personal especializado, dejando fuera a los pobladores locales. Esto obligó a establecer relaciones con una empresa Pesquera Industrial de Oaxaca (PIOSA) que se hizo con el control del rastro, dominando la economía local y empleando a la mayoría de los habitantes (Márquez et al., 2007). En este nuevo esquema, sucedió una sobreexplotación de la tortuga marina (ver figura 2) que llevó a una reducción significativa en las capturas, lo que provocó que la Secretaría de Pesca comenzara a imponer restricciones y, finalmente, en 1990, se decretó una veda total (Márquez et al., 2007).
Entre las condiciones que tenían para que les dieran el permiso era el aprovechamiento integral de la tortuga, pero ellos no tenían la infraestructura (Exfuncionario de la Secretaría de Pesca, 12/10/2007).
La economía de Mazunte dependía principalmente de la captura de tortuga marina y la agricultura se relegaba a una actividad secundaria. El modo de producción se fue industrializando y el extractivismo se agravó, particularmente cuando el gobierno obligó a los comuneros a asociarse con una empresa externa. El estado mexicano con visión industrializante, modificando la ecología política, impulsó la destrucción ambiental. El modo de gobierno siguió siendo comunitario, aunque estaba sometido a la industria pesquera que fijaba cuotas y regulaba la producción (Vargas-del-Río, 2010).
Durante esta fase también ocurrió una integración de la región en el mercado del turismo alternativo, a través de la comunidad cercana de Zipolite que comenzó a ponerse de moda entre “mochileros” (Brenner y Fricke, 2007). Sin embargo, el mal olor del rastro marginó a Mazunte del turismo.
4.3 El proyecto ecoturístico de Mazunte
A principios de los noventa, Mazunte entró en crisis económica por la implementación de un decreto presidencial que prohibió la captura de tortugas marinas. El modo de producción se volvió inviable a partir de una veda impulsada por la presión de organizaciones ambientalistas internacionales como Earth Island Institute (Vargas-del-Río, 2010). Esta veda afectó profundamente la economía local, que dependía en gran medida de la caza de tortugas. La prohibición desencadenó una crisis económica en la región, llevando a los habitantes a buscar alternativas de subsistencia. Fue en este contexto que actores externos, encabezados por la organización no gubernamental Ecosolar, intervinieron para promover un modelo visionario fundamentado en la noción de ecodesarrollo, que hoy podría etiquetarse como ecoturismo, intentando restaurar la economía local y proteger el medio ambiente (Baumhackl, 2000).
Una presión muy contundente fue que un grupo de Estados Unidos que se llama Earth Island Institute (…) amenazó al gobierno con hacer el embargo de camarón; porque en las redes del camarón se atrapan tortugas y el dinero, las divisas que genera el camarón contra el atún, en aquel entonces era 10 a 1 (Exmiembro Ecosolar, 25/09/2007).
Ecosolar, una ONG mexicana comprometida con la conservación del medio ambiente y la mejora de las condiciones socioeconómicas de las comunidades afectadas por la veda, propuso un enfoque innovador para su tiempo, centrado en el turismo alternativo. Su objetivo era crear cooperativas locales que ofrecieran productos y servicios a los turistas, al tiempo que se conservaban los recursos naturales (Baumhackl, 2000). Esta organización, apoyada por recursos de diversas fuentes nacionales e internacionales, logró influir significativamente en la estructura social y política de Mazunte, convirtiéndose en un actor clave en la reconfiguración de la economía local, generando un auge de la actividad turística (ver figura 3).
Figura 3. Actividades productivas en Mazunte, una vez iniciado el proyecto ecoturístico
Fuente: Vargas-del-Río (2010).
Las primeras acciones de Ecosolar incluyeron la limpieza y el embellecimiento del pueblo, así como la organización de eventos turísticos que generaron ingresos para los pobladores. Un evento decisivo fue un festival celebrado en 1992, que atrajo a grupos ecologistas y turistas, generando una considerable derrama económica que convenció a la comunidad de las ventajas del ecoturismo. Como resultado, se estableció la“Reserva Ecológica Campesina”, un antecedente de las modernas Áreas de Conservación Comunitaria, que buscaba gestionar de manera sostenible los recursos naturales de la región.
Era un gran dineral y todo el mundo sorprendido, y se repartió entre todos de acuerdo al número de gentes [sic]. Todos contentos y felices, y dijeron: “Si esta es la alternativa que nos dan; muy bueno, vamos a entrarle” (Exagente Municipal Mazunte, 5/10/2007).
Ecosolar a través de la Asociación de Comuneros de la Reserva Ecológica del Mazunte (ACREM) y un grupo de pobladores locales organizados, implementó diversas iniciativas para desarrollar turismo gestionado y producido localmente. Estos proyectos incluyeron programas de manejo de basura, reforestación, construcción de infraestructura básica como sistemas de agua potable y electricidad, y la creación de cooperativas de cosméticos y serigrafía. La influencia de Ecosolar y ACREM se consolidó con el respaldo de empresas, universidades y organismos internacionales, que proporcionaron fondos y recursos técnicos para apoyar el desarrollo de la región (Pare y Marcelli, 2002).
Sin embargo, a pesar del éxito inicial del proyecto, surgieron tensiones dentro de la comunidad. La distribución desigual de los beneficios económicos y el control de las actividades turísticas a través de ACREM generaron descontento entre algunos pobladores que no se beneficiaban directamente de las iniciativas de Ecosolar. Estos conflictos llevaron a una fragmentación social en Mazunte, dividiendo a la población en dos grupos: aquellos que apoyaban a Ecosolar y las restricciones ambientales que promovía, y aquellos que se oponían, buscando alternativas de desarrollo más intensivas y menos reguladas.
Entonces (el líder de Ecosolar) me dijo: “Si no vas a entrar a ningún convenio no te voy a dejar que hagas algo malhecho”. Yo le dije: “Yo hago lo que quiera en mi terreno” (Comunero Mazunte, 29/09/2007).
El grupo opositor, encabezado por líderes locales con extensiones de tierra y vínculos políticos, luchaba por recuperar el control sobre sus tierras y su forma tradicional de subsistencia, que consideraban amenazada por las imposiciones de los ecologistas (Morales-Gómez, 2009). La polarización en la comunidad aumentó con el tiempo, llevando incluso a la división del poblado y la fundación de un nuevo centro de población independiente, San Agustinillo, en 1996. Este nuevo núcleo permitió a sus habitantes liberarse de las restricciones impuestas por Ecosolar y el ACREM, que ejercían su influencia desde la asamblea comunitaria y la delegación municipal.
El grupo era como muy de choque, como terratenientes, como que yo creo que sintieron a los Ecosolares como: “no me quites lo mío” (Turista Inversor, 28/10/2007).
Pese a las divisiones internas, la intervención de Ecosolar evitó proyectos de desarrollo intensivo que causarían una mayor degradación ambiental en la región. La organización y la comunidad agraria de Tonameca detuvieron la construcción de un complejo turístico en 1995 y un proyecto de granja camaronícola en la Laguna Tonameca, ambos respaldados por el gobierno y empresas privadas. Estos logros destacaron el poder de la alianza entre actores de la sociedad civil y la comunidad local para proteger el medio ambiente y promover un modelo de desarrollo más sostenible.
Vino una empresa francesa e hizo una reunión con los de acá del pueblo (…) Pero resulta que aquí dijeron que no, porque tenían prohibido aquí, por acuerdo de asamblea, destruir los montes (Exmiembro ACREM, 17/10/2007).
El modelo de “ecodesarrollo” significó la implementación de un nuevo modo de producción, caracterizado por la introducción de nuevas reglas, actores, costos y beneficios económicos. Esto trajo consigo una nueva ecología política, donde la asamblea de la comunidad debió negociar con actores externos del sector turístico y con actores comprometidos con la conservación y el ecoturismo que comenzaron a operar desde las instituciones locales (Vargas-del-Río, 2010).
4.4 El colapso del proyecto, el pueblo mágico y la especulación inmobiliaria
El colapso del proyecto ecoturístico de Mazunte fue resultado de una convergencia de factores sociales, políticos y ambientales que desencadenaron tensiones internas y fragmentación comunitaria. Un evento determinante fue el impacto del huracán Paulina en 1997, que destruyó gran parte de la infraestructura turística construida con materiales locales como el adobe, promovidos por Ecosolar (Vargas-del-Río, 2010). Esta vulnerabilidad evidenció las limitaciones físicas del modelo propuesto y profundizó las divisiones internas, ya que muchos habitantes comenzaron a cuestionar la autoridad tanto de Ecosolar como de la ACREM, organizaciones que hasta entonces controlaban el desarrollo local.
El descontento derivó en la destitución del agente municipal en 1998 y la expulsión de Ecosolar, lo que provocó un cambio radical en la gestión del territorio. El debilitamiento de la estructura comunitaria facilitó la entrada de nuevos actores regionales con diferentes visiones del modelo turístico, lo que impulsó un crecimiento desorganizado del turismo y mayor degradación de las instituciones comunitarias.
Pues sí es muy bonito, el adobe, la madera, pero todo se fue. Y ellos no querían que…, porque se afectaba la naturaleza, pero uno debe de ver con qué va a construir porque está uno asegurando su vida. Y por eso salieron corridos de aquí (Pobladores local vs. Ecosolar, 6/10/2007).
En este contexto, la cooperativa de cosméticos naturales, asesorada por la ONG nacional Bioplaneta (fundada por miembros de Ecosolar) y respaldada por la empresa The Body Shop, se mantuvo como el único proyecto exitoso, generando ingresos significativos y atrayendo turistas (Johnson, 2004). Sin embargo, la influencia de antiguos miembros de la ACREM y de inversores turísticos, que intentaron imponer un modelo arquitectónico y normativas constructivas más restrictivas, polarizó aún más a la comunidad. La falta de consenso y la oposición de otros grupos locales derivaron en ventas ilegales de terrenos y en la proliferación de servicios turísticos desorganizados, lo que afectó la imagen de Mazunte como destino ecoturístico auténtico y ecológico.
Paralelamente, la sobreexplotación de los recursos marinos y la crisis en la pesca tradicional empujaron a algunos pescadores hacia el turismo basado en la naturaleza, aunque sin el respaldo político ni las capacidades para competir eficazmente, lo que contribuyó a una mayor presión sobre los ecosistemas costeros (Salinas-Mares, 2003).
A pesar de la degradación ambiental y el crecimiento descontrolado, ciertos recursos naturales se mantuvieron relativamente intactos en zonas más alejadas de la costa, lo que atrajo el interés de actores externos como Fonatur y el gobierno de Oaxaca. Estos impulsaron la creación de un Área de Conservación Comunitaria bajo un esquema de gestión local, promovido por las ONG como La Ventana A. C. Sin embargo, la dependencia de financiamiento gubernamental comprometió su autonomía, alineándolas con intereses estatales y empresariales, lo que incrementó la desconfianza entre la población (La Ventana, 2006).
En este proceso, la Asamblea de la Población, anteriormente un espacio clave para la toma de decisiones colectivas, se debilitó social y moralmente.
Porque al principio todo era organizado, llegaba un grupo y se distribuía entre toda la gente de la comunidad y todos tenían beneficios. Cuando el turismo empezó a llegar por su cuenta, todo el mundo: “¡Yo, yo le doy la cabañita!”. Entonces se empezó a diluir la organización (Miembro Ecosolar, 25/09/2007).
Ellos empezaban a sacar firmas de la comunidad para que sacaran proyectos para ellos, porque no fueron para la comunidad (…) se lo repartían entre dos o tres: los que estaban ahí organizados en el comité y hasta ahí se acababa todo (Poblador Mazunte, 6/10/2007).
Mientras tanto, la creciente influencia de los turistas inversores y la promoción de cambios en la tenencia de la tierra por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria incentivaron la privatización de tierras comunales. Esto desencadenó la compraventa de terrenos y la llegada de especuladores y de turistas en busca de modos de vida “alternativos”.
Finalmente, con la integración de Mazunte al programa Pueblos Mágicos en 2015, el destino se consolidó como un referente turístico de la costa oaxaqueña, promocionándose con una narrativa de belleza natural, conservación ambiental y multiculturalidad. Sin embargo, esta imagen oculta un mercado inmobiliario creciente orientado a la especulación y al establecimiento de segundas residencias, desdibujando los valores originales del ecoturismo comunitario y desplazando los intereses locales en favor de dinámicas de mercado más lucrativas (Vargas-del-Río, 2015).
A través del tiempo y del desarrollo de la cuestión turística, vienen peleándose por la tierra en el sentido de que luego muchos… ahí ya se dio el caso de que todo el mundo quiere agarrar y vender. Por esa razón ahí está en conflicto (Poblador Mazuntee 15/12/2020).
5. Discusión: análisis del proyecto de Mazunte desde el gobierno de los bienes comunes, la ecología política y los modos de producción
La discusión teórica del proyecto ecoturístico de Mazunte se hace desde los tres ejes teóricos abordados en la sección 2, buscando ampliar el caso a la realidad de las comunidades mexicanas, a partir del papel fundamental de la autonomía comunitaria y la autonomía productiva. La perspectiva del gobierno de los bienes comunes ayuda a comprender los arreglos internos para la gestión de bienes naturales, la ecología política sitúa estos procesos en un marco más amplio de disputas de poder, y el análisis del modo de producción revela los condicionamientos económicos que pueden fortalecer o debilitar la capacidad de autogestión de la comunidad de Mazunte en el proyecto ecoturístico. De esta manera, se pueden observar los retos y oportunidades que enfrentan las comunidades mexicanas en contextos de conservación y turismo.
5.1 Gobierno de los bienes comunes
El caso de Mazunte pone en evidencia cómo las intervenciones externas en el ámbito de la producción acarrean conflictos y modifican radicalmente el gobierno de los bienes comunes (ver también, por ejemplo, Wang et al., 2021; Mowforth y Munt, 2015). En una primera fase, la comunidad basó su subsistencia en la agricultura y pesca de autoconsumo, lo que permitía un manejo más o menos autónomo de sus recursos naturales y una economía local relativamente equilibrada. Sin embargo, no había opciones económicas soberanas y esto facilitó que ante la demanda de carne de tortuga se detonaran prácticas extractivistas dirigidas por empresas externas. Este nuevo modo de producción industrial y extractivista despojó a la comunidad de su autonomía inicial y de la capacidad de gestionar el medioambiente de forma sostenible. Esta dinámica es similar a la de muchas otras regiones costeras de México, donde ocurren prácticas extractivistas y pérdida de autonomía comunitaria, por ejemplo, empresas de la industria camaronera o del aceite de palma (véase Mojica-Vélez et al., 2018; Vargas-del-Río y Brenner, 2023).
Posteriormente, con la imposición de la veda de tortuga y la intervención de actores externos como Ecosolar, se crearon nuevas estructuras organizativas, como el ACREM, que desplazaron a la asamblea comunitaria como principal órgano de decisión. La participación comunitaria quedó limitada a los comuneros afiliados a estas cooperativas, dejando fuera a los sectores más vulnerables. Este patrón refleja un problema recurrente en el gobierno de los bienes comunes cuando se introducen restricciones ambientales desde estructuras externas: el debilitamiento de las instituciones tradicionales y el incremento de la desigualdad (Martínez-Alier, 2004; Ostrom, 2000).
En diversos proyectos ecoturísticos desarrollados a lo largo de México, se obser- va un proceso similar (ver Mojica-Vélez et al., 2018). La imposición de restricciones ambientales, combinada con la intervención de actores externos, genera nuevas estructuras organizativas que a menudo excluyen a los sectores más vulnerables de las comunidades locales. Una situación que han referido recurrentemente los teóricos del gobierno de los bienes comunes (e.g. Ostrom, 2000). Por ejemplo, en proyectos vinculados a áreas naturales protegidas o iniciativas de ecoturismo, las decisiones clave suelen concentrarse en comités o cooperativas creadas bajo la influencia de organismos externos, lo que debilita las instituciones tradicionales y centraliza los beneficios económicos en un grupo reducido (c.f. McCay y Acheson, 1987a). Esta situación incrementa las tensiones internas y fomenta desigualdades económicas y sociales, dificultando la construcción de un modelo de gestión ambiental autónomo y capaz de ofrecer bienestar a sus pobladores.
5.2 Ecología Política
Desde una perspectiva de ecología política, el caso de Mazunte demuestra cómo las intervenciones ambientales y los modelos de desarrollo impuestos refuerzan las relaciones de poder desiguales (Bryant y Bailey, 1997). La veda de tortuga desencadenó una crisis económica que facilitó la entrada de actores externos con agendas alineadas al mercado global, que volvió la organización mucho más compleja (ver Job y Weizenegger, 2004). Estos actores, como ONG internacionales, agencias de desarrollo y organismos gubernamentales, promovieron un modelo de ecodesarrollo que, aunque parecía sostenible, dependía de directrices externas. Es el mismo modelo de ecoturismo que se repite globalmente (Mowforth y Munt, 2015). Sin embargo, su implementación generó conflictos entre escalas geográficas, pues las decisiones tomadas a nivel internacional y nacional no siempre consideraban las realidades locales. A nivel global, la conservación de especies emblemáticas como la tortuga marina se convirtió en una prioridad, mientras que, a nivel local, la comunidad enfrentaba restricciones que comprometían su subsistencia inmediata. Este desbalance de prioridades expuso cómo los discursos de sostenibilidad pueden perpetuar desigualdades estructurales al consolidar el poder de actores externos sobre los recursos locales (véase Cumming et al., 2015; Martínez-Alier, 2004).
El conflicto entre los objetivos de conservación y las necesidades locales se agravó con el tiempo. Los sectores excluidos, como los pescadores y pequeños agriculto- res que no formaban parte de las cooperativas establecidas, buscaron alternativas como la venta de tierras o la adopción de proyectos menos sostenibles, pero económicamente viables (como han documentado en casos internacionales de turismo alternativo Mowforth y Munt, 2015). Esta resistencia refleja las tensiones ecológicas y distributivas que emergen en proyectos ecoturísticos, donde los beneficios suelen concentrarse en ciertos grupos locales (Mowforth y Munt, 2015; Vargas-del-Río, 2020).
A nivel regional, el ecoturismo se vinculó con políticas públicas que promovían la competitividad de ciertos destinos turísticos, generando un nuevo conjunto de desigualdades. Por ejemplo, los incentivos para proyectos turísticos alineados con estándares internacionales dejaron fuera a actores locales menos capacitados para cumplir con dichas normativas. Además, el modelo ecoturístico, al sustituir actividades tradicionales por otras vinculadas al mercado turístico, exacerbó la fragmentación social y la desigualdad económica (ver Mowforth y Munt, 2015). Esta dinámica pone en evidencia que, aunque el ecoturismo busca equilibrar conservación y desarrollo, a menudo termina beneficiando a actores externos o elites locales, mientras margina a los sectores más vulnerables de la comunidad. Una dinámica recurrente en los conflictos de distribución ecológica en los países en desarrollo (Bryant y Bailey, 1997).
5.3 Modo de producción
El modo de producción en Mazunte se transformó en cuatro etapas: primero, una fase basada en la agricultura y pesca de autoconsumo, que permitió a la comunidad manejar sus recursos de manera autónoma, con explotación mantenida dentro de ciertos márgenes, por los acuerdos comunitarios. Un principio de conservación analizado en múltiples contextos por Blaikie y Brookfield (1987). Esta etapa inicial proporcionó un equilibrio económico y social limitado por la marginación estructural, caracterizada por el escaso acceso a mercados y tecnologías. La segunda etapa estuvo marcada por la introducción de un modelo extractivista centrado en la pesca intensiva de tortuga, promovido por una empresa externa que desplazó las prácticas tradicionales y consolidó un sistema orientado a la exportación. Este cambio profundizó la dependencia económica de la comunidad y erosionó su autonomía productiva.
La tercera etapa surgió con la transición al ecoturismo, impulsada por actores externos y vinculada a dinámicas globales. Este modelo, aunque presentado como una estrategia sostenible, sustituyó actividades tradicionales por prácticas turísticas que concentraron los beneficios en grupos específicos, generando desigualdades internas y fragmentando la comunidad (ver también Silva-Flores y Vargas-del-Río, 2024). Finalmente, la cuarta etapa estuvo marcada por la especulación inmobiliaria y el turismo residencial, influenciada por programas nacionales como los Pueblos Mágicos. Esta transformación reconfiguró el espacio físico y político de la comunidad, imponiendo normativas y modelos de gestión que favorecieron a actores externos, como sucede en múltiples contextos de ecoturismo en países en desarrollo (Mowforth y Munt, 1998).
El cambio en el modo de producción favoreció el cambio en el uso del suelo, derivó en deterioro ambiental y ha venido debilitando las instituciones comunitarias. Es un proceso que ocurre por todo México, como resultado de la falta de condiciones para ejercer una producción autónoma. Esta tensión, actualmente va dominada por los intereses de la industria turística y del sector conservacionista (ver Vargas-del-Río, 2020). Un patrón que se replica en otros proyectos ecoturísticos mundiales, donde el éxito de la conservación va dependiendo más de la capacidad de organismos gestores para imponer normativas, que de la participación de las comunidades locales (He et al., 2020; Andrade et al., 2012).
6. Conclusión. Hacia una ecología basada en la autonomía política y productiva para México
El análisis de Mazunte y otros casos de ecoturismo que enfrentan problemas similares, desde las perspectivas del gobierno de los bienes comunes, la ecología política y el modo de producción, ilustra de forma clara las dificultades de las comunidades para lograr un equilibrio socioambiental en el marco de una economía capitalista. Las intervenciones en la esfera productiva, como el fomento de la industrialización y después el ecoturismo, al depender de la dinámica económica regional, no sólo alteran el modo de producción local, sino las instituciones de gobierno local y la ecología política. Desde un enfoque centrado en la evaluación racional de la gestión productiva, el problema se observa como un fracaso atribuible al proyecto, por la falta de compromiso de la comunidad y de las instituciones gubernamentales.
Sin embargo, la teoría presentada aquí muestra una visión diferente que permite profundizar en el problema de fondo y buscar nuevos caminos. La realidad es que no existe un sistema económico alternativo al capitalismo al cual puedan adherirse las comunidades, y abogar por impedir soluciones como el ecoturismo equivale a perpetuar la marginación económica de las comunidades. Esto, además de contradecir principios éticos fundamentales, agravaría las desigualdades existentes y desembocaría en alianzas con empresas extractivistas, como sucede por todo el país, con resultados igualmente negativos.
Ante el dilema de destruir el medioambiente por integrar económicamente o por impedir el desarrollo, el orden económico global presenta una tercera opción: intervenir la producción comunitaria y acompañarla con restricciones ambientales, como propone el modelo de áreas naturales protegidas y otros modelos que intentan promover desarrollo comunitario respetuoso con el medioambiente (ver Vargas-del-Río, 2020 o Silva-Flores y Pedroza-Zapata, 2023). Sin embargo, estos enfoques no van a la raíz del problema, sino que se posicionan entre los dos extremos, pero dejando intactas las dinámicas que generan el conflicto: se sigue atentando contra la autonomía política al introducir gestores externos, y alterando la esfera de la producción al introducir restricciones ambientales y nuevas actividades consideradas “sustentables”. Estas contradicciones se observan incluso en las propuestas de conservación que promueven la mayor autonomía y se presentan como radicales (por ejemplo, Büscher et al., 2017).
Con base en la reflexión presentada aquí, es posible esbozar una posible solución a este punto muerto, impulsando la economía de las comunidades respetando las actividades productivas existentes y promoviendo autonomía política. La clave es proporcionar herramientas, es decir medios de producción, en vez de modos de producción como ocurre actualmente. La hipótesis es que aportar solo herramientas, en vez de un conjunto de prácticas económicas que involucran también actores y formas de organización social, permitiría a las comunidades asimilar los cambios en la esfera productiva de acuerdo con sus necesidades y tiempos. Si el modelo se integra como propuesta de conservación para las comunidades de México, podría irse construyendo una red de colaboración entre comunidades que consolide una opción económica diferente a nivel nacional, sin actores económicos preponderantes que sometan a los productores locales (ver también Vargas-del-Río, 2020; Bishop, 2021; Silva-Flores y Ladrón de Guevara, 2023).
En el intento por aportar herramientas a comunidades que aporten oportunida- des económicas desde las prácticas productivas existentes, puede aprovecharse la experiencia de los talleres de hacedores, es decir, espacios para la producción y creación local con herramientas comunes (Silva-Flores y Ladrón de Guevara, 2023). Estos talleres se originaron y han sido pensados para contextos altamente industrializados, por lo que el desafío es diseñarlos entre comunidades y profesionales especializados, de manera que se adapten a los conocimientos técnicos, las necesidades y los ritmos de las comunidades (Silva-Flores y Vargas-del-Río, 2024). Este enfoque, que significa ir otorgando autonomía política y productiva a los ejidos y comunidades mexicanas, se alinea con el espíritu de la Constitución mexicana.
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