Movilización social y turismo: el conflicto por la privatización del espacio costero en la ciudad de Mar del Plata, Argentina

Resumen

Se aborda el conflicto de la privatización de los sectores playeros en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, con enfoque en las organizaciones que buscan advertir sobre sus perjuicios. La tarea se realiza a partir de los aportes teóricos de Benford y Snow para el análisis de los marcos de acción colectiva de diagnóstico, pronóstico y campos de identidad. Se plantea un trabajo de tipo cualitativo en el que se interpreta el discurso de los activistas en medios de prensa y en sus plataformas de difusión. También se realiza una revisión de la normativa que corresponde a los reclamos. La postura de las organizaciones involucra una consideración de la playa que va más allá de sus posibilidades productivas, se destaca su valor ambiental y cultural. Es posible identificar una conexión entre los argumentos y el marco jurídico, la existencia de flexibilidad en su aplicación y la necesidad de encauzar un modelo de desarrollo turístico compatible con los requerimientos y valoraciones de la población residente.

Palabras clave: Mar del Plata, movilización social, turismo, playas, privatización

Social mobilization and tourism: the conflict over the privatization of coastal space in the city of Mar del Plata, Argentina

Abstract

This paper addresses the conflict over the privatization of the beach sectors in the city of Mar del Plata, Argentina, focusing on the organizations that seek to warn about the problems caused by this. The task is carried out considering the theoretical contributions of Benford and Snow for the analysis of diagnostic, prognostic and motivational collective action frames. A qualitative type of work is proposed in which the discourse of the activists in the press media and their own diffusion platforms is interpreted. A revision of the regulations corresponding to each of the claims is also carried out. The position of the organizations involves a consideration of the beach that goes beyond its productive possibilities, its environmental and cultural value is highlighted. It is possible to identify a correspondence between the arguments and the legal framework, the existence of flexibility in their application and the need to channel a tourism development model compatible with the requirements and values of the resident population.

Keywords: Mar del Plata, social mobilization, tourism, beaches, privatization

1. Introducción

La ciudad argentina de Mar del Plata ha tenido una estrecha relación con el turismo desde su fundación; según explica Mantero (1997) adquirió un rol preponderante en los procesos de urbanización y en la configuración del espacio litoral, circunstancia  que se intensificó en los años 90, a partir de la proliferación de medidas neoliberales que promovieron el retraimiento del Estado en la organización del territorio.

Cicalese (2005) indica que se migró del plan público al plan privado, hecho que dio lugar a la expansión de la privatización de los sectores de playa, a través de la instalación de nuevos balnearios destinados a brindar servicios especiales para sus clientes. Así, la valoración de la playa quedó relegada casi exclusivamente en torno a su potencial productivo. Se redujeron y desatendieron los sitios públicos no arancelados y se profundizó un modelo que subestima los impactos negativos producidos por la expansión privada.

Con el correr de los años los problemas sociales y medioambientales  se hicieron cada vez más notorios. Los beneficios de la explotación comercial no se vieron reflejados en un incremento de la calidad de vida de los habitantes, además de la reducción del espacio público no arancelado, a causa de la acción erosiva del mar.

Es así como a principios de la década actual emergieron una serie de organizaciones que buscan advertir sobre las consecuencias de la privatización de las playas. La Asamblea por los Espacios Públicos y la Organización No Gubernamental (ONG) En Defensa de las Playas Públicas han liderado un proceso de movilización a través del desarrollo de acciones de carácter colectivo, que han servido para que la problemática se visibilice y se incorpore a la agenda.

Teniendo presente lo anterior, en este trabajo se aborda el escenario de conflictos desarrollado, enfocándose en la perspectiva de dichas organizaciones. Para ello, el análisis se realiza a partir de las consideraciones teóricas para el abordaje de los movimientos sociales realizadas por Snow y Benford (1988), principalmente aquellas acerca de los marcos de acción colectiva: de diagnóstico y de pronóstico. El primero hace referencia a la identificación del conflicto y los agentes responsables de la situación, el segundo refleja las propuestas para solucionar la situación de injusticia previamente identificada.

Para el marco de diagnóstico  se observan los principales reclamos y la legislación existente en cada cuestión. En el caso del marco de pronóstico, se consideraron las soluciones planteadas por los activistas, en torno a los reclamos en particular y la problemática en general. Finalmente, se realiza la identificación de los distintos campos de identidad: protagonistas, antagonistas y espectadores. Se adopta un enfoque cualitativo que involucra la interpretación del discurso de los activistas, a partir de un análisis de contenido de fuentes diversas: artículos periodísticos, plataformas de difusión de las organizaciones y normativa vigente.

Resulta oportuno mencionar que la bibliografía que analiza los conflictos generados por el desarrollo turístico y la perspectiva teórica para el abordaje de los movimientos sociales, es aún incipiente. De esta manera, el presente artículo busca contribuir en este campo del conocimiento y considera la importancia de las distintas voces y concepciones de los diferentes actores presentes en los destinos turísticos. Los resultados también  pueden ser de utilidad en los procesos de toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

2. Consideraciones teóricas con respecto a los marcos de acción colectiva y antecedentes

Las perspectivas teóricas para el análisis de los movimientos sociales pueden clasificarse en tres corrientes principales:  las visiones clásicas, la Teoría de la Movilización de Recursos (TMR) y el enfoque de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Las visiones clásicas enfatizan  los factores psicosociales que dan lugar a la participación en los procesos de movilización; esta corriente adquiere su mayor auge a mediados del siglo XX, con estudios de autores como Blumer (1951), Turner y Killian (1957) y Smelser (1962).

Por su parte, la TMR se refiere al contexto político en el cual se desarrollan  los movimientos sociales, su estructura organizacional y la forma en la que los recursos son distribuidos. Algunos de los autores de mayor relevancia para esta corriente son: Tilly (1978), McCarthy y Zald (1977), McAdam (1996) y Tarrow (1997).

Por último, el enfoque de los NMS se centra en aspectos macroestructurales, que dan lugar a la emergencia de la acción colectiva e incorporan la identidad  de grupo como un factor relevante para la participación. Se destacan los trabajos de Touraine (1987) y Melucci (1996). En el mismo sentido, Cruz (2019) realiza una revisión detallada sobre las distintas corrientes de pensamiento y su incorporación en el campo de la investigación en turismo.

El enfoque  de los marcos de acción colectiva se desarrolla como una línea al interior de la TMR. Según Jasper (2010) esta circunstancia implica la consideración de factores culturales involucrados en los procesos de movilización, que en un principio no se habían tomado en cuenta en profundidad. Dicho autor indica que esta apertura hacia una visión más compleja de los movimientos sociales se encuentra  plasmada en obras como las de Snow y Benford (1988; 1992) y McAdam  et al. (1996), entre otras.

En general esta perspectiva es considerada dentro de las vertientes constructivistas en el análisis de los procesos de movilización social, junto con el enfoque de los NMS. De hecho, las dos corrientes comparten algunas presunciones que no son objeto de este repaso teórico; sin embargo, resulta oportuno destacar que en ambos casos se busca ir más allá de los enfoques estructuralistas planteados por la TMR.

Benford y Snow (2000) explican que el término marco fue utilizado primero por Goffman (1974), para hacer alusión a los esquemas interpretativos que permiten a los individuos localizar, percibir, identificar y etiquetar ocurrencias dentro de su espacio vital y el mundo en general. Chihu Amparán (1999) expone que el enmarcado, en el contexto de la acción colectiva, involucra  una observación  de las dimensiones culturales de los movimientos sociales, puesto  que se consideran productores de significado.

Según establece Tricot (2011), la producción de discursos o significados por parte de los movimientos sociales implica una interpretación de la realidad, que “permite que la gente defina de manera colectiva su situación de agravio o conflicto, potencie su sentido de pertenencia y la viabilidad del accionar colectivo” (pp. 185-186). Estos significados  se plasman en los marcos, buscando generar adhesión y participación a los procesos de movilización, al proporcionar no solo una determinada interpretación de la realidad, sino que adquieren una función de coordinación entre los intereses individuales y colectivos, es decir, se pretende alinear la identidad de las personas con la de la organización.

Chihu Amparán (1999) indica que el surgimiento de la acción colectiva se encuentra vinculada a la conformación de un marco de injusticia compartido por los individuos con respecto a una determinada  situación. El mismo autor señala que dicha circunstancia constituye el punto de partida para la aparición de múltiples marcos, los cuales son considerados “conjuntos de creencias, a través de las cuales se significan las situaciones y a través de las cuales se legitiman las acciones de los movimientos sociales” (p. 43).

Como se mencionó previamente, Benford y Snow (2000) establecen la existencia de tres marcos centrales de acción colectiva: el marco de diagnóstico, el de pronóstico y el de motivación. El primero remite a la identificación del conflicto y a los agentes responsables de la situación. El segundo  se refiere a la propuesta para la solución de la situación de injusticia previamente identificada, formula un plan y las estrategias para llevarlo a cabo. Los autores explican que es en este marco donde pueden observarse las mayores diferencias entre las organizaciones que componen un movimiento. Finalmente, el marco de motivación incluye la justificación que hace necesaria la participación  de la población para modificar la realidad.

De acuerdo con Chihu Amparán (1999) durante el desarrollo de la acción colectiva es posible reconocer tres campos de identidad, con base en la posición que los distintos actores toman: los protagonistas, los antagonistas y los observadores. Los primeros son los activistas, participantes cuyos valores se encuentran alineados con los del movimiento. Los antagonistas  son aquellos que se oponen a la lucha llevada a cabo por los activistas, poseen valores distintos y no concuerdan con los objetivos perseguidos. Por último, los observadores son quienes no tienen una posición definida con respecto al conflicto.

Ahora bien, a pesar de los avances que esta perspectiva ha logrado en el estudio de los movimientos sociales, ha sido objeto de diversas críticas provenientes de autores como Jasper (2010), Cefaï (2001) o el propio Benford (1997). Della Porta y Diani (2006) señalan la tendencia de este tipo de análisis a generar explicaciones ad hoc, cuestión que no solo es atribuida a los estudios de los marcos de acción colectiva, sino que constituye también una deficiencia de la TMR en general.

Los autores indican que, si bien es posible estudiar las implicaciones culturales y simbólicas bajo las cuales se alinean los actores movilizados en casos específicos, existe aún una carencia en el desarrollo de estudios sistemáticos. No se formulan hipótesis orientadas a determinar una vinculación entre la producción simbólica y el éxito de las movilizaciones.

Otro tema planteado por Della Porta y Diani (2006) es el tratamiento de los marcos como estructuras cognitivas estáticas. Este problema se atribuye principalmente a la falta de atención de los académicos a las maneras en las que los marcos se construyen y evolucionan a través del tiempo. La forma de subsanarlo implica la adopción de una perspectiva dinámica de la práctica discursiva, y considerar cómo se modifican los marcos en las diferentes etapas que la movilización atraviesa. También se mencionan trabajos que hacen hincapié en la transformación de los valores de las comunidades, al establecer una vinculación entre los procesos de movilización social y el cambio cultural.

Finalmente, se cuestiona el carácter estratégico del enfoque, los marcos y las habilidades de enmarcado que constituyen un recurso  desde esta visión.  Se presupone que los activistas poseen la capacidad de construirlos y manipularlos con el objetivo de captar nuevos participantes. Tal postura omite los procesos intermedios a través de los cuales los sujetos deciden ser parte de la acción  colectiva.  Se obvia principalmente el componente emocional que incide en la decisión de las personas a participar. La ira, el sentimiento de injusticia o la solidaridad, son elementos no considerados que aquí adquieren un rol relevante.

Desde el punto de vista metodológico, la crítica involucra la tendencia a realizar estudios basados en fuentes secundarias como artículos periodísticos. No obstante, Jasper (2010) explica la necesidad de dar un giro hacia formas de recolección de información centradas en los actores, con el objetivo de dejar de lado los análisis de contenidos tradicionales. En ese sentido, el autor presupone que esta tarea puede ser alcanzada a través de entrevistas, biografías de vida o la observación participante, entre otras.

Algunas de estas reflexiones son aplicables al modelo clásico de la TMR, que proponía como ejes de estudio las oportunidades políticas, las estructuras movilizadoras, los repertorios de acción y los marcos de acción colectiva. Los principales referentes de esta corriente realizaron un intento por superar especialmente el carácter estático del modelo, a partir de la constitución de uno nuevo centrado  en las relaciones y el dinamismo de sus componentes.

McAdam et al. (1996) desarrollaron el modelo de la contentius politcs (política contenciosa), que busca poner en relación los componentes del modelo clásico. Según Jasper (2012), este intento solo constituyó una nueva forma de presentar los elementos anteriores; el esquema de política contenciosa no logró generar un abordaje que pudiese escapar del sesgo estratégico y estático, en tanto otorga un lugar secundario a los procesos culturales y a las emociones involucradas en la acción colectiva.

A pesar de las críticas expuestas, la perspectiva de marcos aún se encuentra vigente en la literatura científica que tiene como propósito estudiar los movimientos sociales. Esto se evidencia  en trabajos desarrollados en los últimos cinco años, como los de Chihu Amparán (2016), Winstead (2017), Nulman, (2017), Aslanidis (2018), Terríquez et al. (2018), Zhou y Yang (2018), Menke (2019), Hansen y Nicolini (2019), y Salim (2019), entre otros.

Los autores citados previamente rescatan el concepto de marcos de acción colectiva, al establecer la posibilidad de conocer la postura de los actores movilizados, con respecto a una determinada situación que consideran injusta y en la que es preciso actuar. El abordaje  de las visiones e interpretaciones involucra además un acercamiento a los significados que se producen y promueven la adhesión de nuevos miembros.

En general, se adopta una estrategia metodológica de estudio de caso. Se analiza un movimiento en particular y se detallan las consideraciones  específicas que le competen. Si bien la construcción de los análisis varía en cuanto a detalle y niveles de desarrollo, se observa como una cuestión relevante la identificación de los marcos de diagnóstico y pronóstico.

En el campo de la investigación en turismo, la inclusión de las perspectivas teóricas que analizan los movimientos sociales es todavía incipiente. Algunos trabajos en donde es posible observar esto son los desarrollados por Kousis (2009), Vianello (2016), Zizumbo-Villarreal  et al. (2009), McGehee (1999; 2002; 2012), McGehee y Santos (2005) y Monterrubio (2017). A pesar de que en la literatura mencionada es posible advertir referencias a las distintas corrientes de pensamiento (visiones psicosociales, TMR, enfoque de los NMS), en ningún caso se ha trabajado en relación con los marcos de acción colectiva.

3. Articulación teórica y metodológica

En este apartado se establece el modo en el que se aborda el problema, al señalar su articulación con la teoría referida y la estrategia metodológica propuesta. En primera instancia, se realiza una exposición del diagnóstico con las demandas de los activistas. Dichas demandas y el discurso a través de los cuales se exponen constituyen un elemento central para conocer la interpretación del problema y las cuestiones consideradas injustas, como puede observarse en los trabajos previamente mencionados. En este punto se identifica el conflicto central y los responsables.

Posteriormente, con el objetivo de generar un análisis más completo, se incorporan las normas en las cuales el discurso se apoya y le otorgan legitimidad, más allá del posicionamiento de sus interlocutores. Así, en el presente estudio se expone una combinación de información  discursiva basada en la subjetividad de los activistas con elementos vinculados al marco jurídico, externos a las organizaciones.

La elaboración del marco de pronóstico se fundamenta en el discurso de los activistas, relacionado con las formas en las que estos sugieren que se debería solucionar el conflicto (ver figura 1). Enseguida, se hace referencia a la asignación de identidades que se realiza en el proceso de enmarcado. Son considerados los tres campos: los protagonistas, los antagonistas y los observadores.

Figura 1. Análisis de marcos

Fuente: Elaboración propia.

Se incorporan al trabajo otras cuestiones que exceden el análisis de marcos, como elementos que permiten comprender mejor el enfoque adoptado y contextualizar el análisis central. En un primer punto, se hace referencia al desarrollo turístico en la ciudad, con la identificación de las etapas y distintas circunstancias que incidieron en la emergencia del conflicto. Enseguida, se describen las organizaciones  que protagonizan el proceso de movilización (unidades de análisis), y se indican las distintas administraciones de los bienes en pugna. En la figura 2 se observa el contenido y los apartados correspondientes.

Desde el punto de vista metodológico, para realizar el análisis central se adopta una estrategia cualitativa en la que la interpretación de la información adquiere un rol preponderante. Las fuentes de información incluyen artículos periodísticos en rotativos y portales de noticias locales (Diario 0223, La Capital, Qué Digital y MDP Hoy), así como plataformas digitales de comunicación  (Facebook). También se incluyen entrevistas realizadas a los activistas en programas televisivos y radiales. Para dar cuenta del sustento jurídico de las demandas  se retoman ordenanzas, pliegos de bases y condiciones, así como la normativa provincial y nacional vigente.

Al valorar las críticas mencionadas en el apartado anterior, se considera  que en la medida que se busque realizar un estudio con mayor profundidad en los procesos culturales que dan lugar a la participación, es preciso utilizar otras técnicas para recolectar información útil, como la entrevista a profundidad  o la observación in situ.

Figura 2. Estructura de los contenidos

Fuente: Elaboración propia.

Se trabajó con aproximadamente 65 artículos periodísticos publicados entre 2009 y 2018, lapso en el que las organizaciones  objeto de estudio adquieren relevancia en la problemática.  Para la construcción del marco de diagnóstico se generaron categorías que permitieron agrupar los reclamos. Esta clasificación  se realizó a partir del análisis del discurso de los miembros de las agrupaciones en las fuentes ya mencionadas.

La misma estrategia se aplicó para la construcción del marco propositivo. La sistematización de las demandas se llevó a cabo mediante una matriz de datos, al ordenar las citas textuales en categorías temáticas, de acuerdo con su contenido. Cabe señalar que en la exposición de los resultados no fue posible identificar una explicación unívoca de las causas de participación o la emergencia del movimiento.

En las páginas siguientes se intenta dar un panorama general sobre la forma en la que los activistas perciben la realidad con base en su discurso. Igualmente, se hace alusión a las cuestiones que estos consideran injustas y que en cierta medida definen su posicionamiento en el contexto espacio temporal en el que se encuentran. El trabajo constituye así un primer paso en el análisis de los procesos de movilización social, en torno al conflicto convocante.

Si bien existen otros aspectos y dimensiones para examinar en futuros análisis, es necesario generar un acercamiento inicial, a raíz del cual sea posible construir un horizonte completo del fenómeno en cuestión. También se abre una puerta para el abordaje dinámico del caso. A medida que el tiempo pase será factible observar las modificaciones en los marcos de acción relacionadas con la aparición de nuevos discursos y la evolución del conflicto, tarea que por ahora es poco viable debido al carácter reciente de la movilización.

4. El turismo en la ciudad de Mar del Plata

Es importante dar cuenta de la evolución de Mar del Plata como destino turístico y de las condiciones que dieron lugar al conflicto actual. Mantero (1997) establece etapas para analizar la relación entre el turismo y la ciudad, al hacer referencia al contexto macroeconómico, los tipos de visitantes, las transformaciones territoriales y las repercusiones del desarrollo del sector para la comunidad local. Se centra en los sucesos ocurridos desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de los 90.

La primera etapa va de 1885 a 1915. Se caracteriza por la presencia de visitantes en su mayoría provenientes de la ciudad de Buenos Aires, con un nivel socioeconómico elevado. Constituyen una burguesía que adquiere su posicionamiento en el marco de un modelo económico orientado a la exportación agrícola. Mantero (1997, p. 139) indica que en esta primera etapa el turismo configura la disposición urbana de la ciudad: “el espacio urbano se produce y reproduce en función del valor de cambio de su puesta en consumo turístico inmediato, al impulso de los propietarios del suelo”.

La segunda etapa, que va desde 1915 a 1945, Mantero (1997) la llama de “transición” y se caracteriza por la convivencia del turismo de élite con otro compuesto por visitantes de clase media. Esta nueva afluencia  está dada por la distribución de los beneficios, producida por el viraje en la política económica hacia la industrialización sustitutiva.

La tercera etapa (1945-1975) se identifica  por el apogeo del turismo en la ciudad y la expansión de los servicios afines en la zona litoral. En este periodo la demanda está constituida principalmente por visitantes pertenecientes a los sectores socioeconómicos medios. Mantero (1997) atribuye esta circunstancia a la gestión de un Estado social y a los procesos de industrialización y urbanización, que van de 1956 a 1960. En este momento se advierten las primeras consecuencias negativas de la consolidación del turismo masivo en la calidad de vida de los residentes.

La desmesura de la expansión, traducida  en la intensa ocupación del área central, a niveles de saturación,  se realiza en deterioro de la invocada calidad de vida del turista, residente periódico de la ciudad, y en la extensa afectación urbana del área litoral, en perjuicio de una racional política de extensión urbana, consecuencia del creciente rol de promotores inmobiliarios y empresas constructoras. (Mantero, 1997, p. 143).

La cuarta etapa comprende los años de 1975 a 1995, durante los cuales se produce nuevamente un cambio en la orientación de las políticas macroeconómicas, en este caso hacia el libre mercado. En este contexto, aunque el turismo continúa su desarrollo, se reduce la capacidad de los sectores de nivel socioeconómico medio y bajo. Esto se traduce en el declive gradual del número de visitantes y de la duración de la temporada alta. Mantero (1997) revela el predominio de la orientación productiva en el desarrollo de la ciudad, que se ve reflejada en la construcción de los complejos La Perla y El Sur. Al mismo tiempo, señala nuevamente que estas acciones no representan un incremento positivo de la calidad de vida de los residentes.

El último período  comienza en 1995, en este caso el autor se refiere a las posibilidades de Mar del Plata, en función del contexto de la época en el que destaca la globalización económica, la exclusión social, la desigualdad, el retraimiento del Estado y el predominio de valores individuales, en concordancia con una lógica basada en el mercado. En este marco, Mantero (1997) explica la necesidad de reorientar el desarrollo del turismo, adecuándolo  a las necesidades de la comunidad, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

De acuerdo con Cicalese (2005) esta reorientación no se produjo, sino que se profundizó el plan privado en detrimento del plan público. El autor afirma que desde el punto de vista jurídico se facilitaron  las condiciones para la inversión privada; esto surgió en el marco de una búsqueda por modernizar la oferta, en concordancia con las nuevas tendencias del turismo e implicó la desprotección de espacios públicos y el medio ambiente en la zona litoral. Así, la configuración del paisaje costero de la ciudad quedó primordialmente en manos de actores privados. Este modelo basado fundamentalmente en la voluntad empresarial trajo consigo la ocupación privada de la playa, además del desplazamiento de residentes y turistas que no deseaban o no podían pagar por unidades de sombra hacia sectores cada vez más reducidos.

La erosión del frente costero por causas antrópicas  y naturales constituyó también un factor decisivo en la disminución de los sectores mencionados. Bajo estas condiciones, a principios de la década actual emergieron una serie de organizaciones que se enfrentan al despojo de la costa marplatense. Nace una nueva valoración del territorio que considera a la playa como un bien con valor cultural y ecológico, en desafío a las visiones predominantes ancladas en la perspectiva mercantil. A través del desarrollo de diversas labores colectivas, los activistas han logrado una visibilidad relevante en los medios de comunicación y en la opinión pública.

5. Las organizaciones movilizadas

El movimiento que atiende la problemática en cuestión  se compone de diversas organizaciones: aquellas que se conformaron  específicamente para tratar el tema de la privatización del espacio costero en Mar del Plata (Asamblea por los Espacios Públicos y la ONG En Defensa de las Playas Públicas) y otras que poseen objetivos más amplios o reducidos, pero también se involucran activamente.

La Asamblea por los Espacios Públicos se creó en el año 2015, por iniciativa de un grupo de vecinos de la zona sur. Uno de los primeros temas tratados fue la expulsión de residentes de los sectores de playa aledaños a los balnearios. Si bien se enfoca principalmente en temas concernientes al territorio sureño, se involucran  también en situaciones consideradas injustas en el resto de la ciudad. Esta organización fue una de las impulsoras  de las primeras manifestaciones públicas de descontento: las sombrilleadas, una movilización  en defensa de las playas como espacio público.

En Defensa de las Playas Públicas se constituyó inicialmente como una página de Facebook creada en el año 2012, en la que se denunciaban los problemas relacionados a la ocupación del espacio público por parte del sector privado, sobre todo en las Unidades  Turísticas Fiscales (UTF). Años más tarde, ante el incremento de usuarios, los administradores decidieron conformar una ONG. Además de efectuar reclamos a través de Facebook, participó de las sombrilleadas  y desarrolló otro tipo de acciones colectivas destinadas a modificar la situación de las playas.

Otra de las estructuras involucradas en el movimiento es Surfrider Argentina.  Aunque la organización no se fundó para tratar particularmente la problemática de la privatización del espacio costero, afronta cuestiones relacionadas con la preservación de los ecosistemas marinos. En esta situación se encuentran otros organismos como la Asamblea Verde Mundo, Remadores-Playas Limpias y la Asociación Vecinal de Fomento Los Acantilados. Algunos de sus objetivos y reclamos coinciden con los que persiguen la Asamblea por los Espacios Públicos y la ONG En Defensa de las Playas Públicas. Así el desarrollo de la acción colectiva involucra una serie de participantes que, a pesar de pertenecer a distintas organizaciones, coordinan sus esfuerzos en una causa común.

6. Espacios de localización de las playas y administración

El proceso de privatización del espacio se ha desarrollado a lo largo de toda la costa de la ciudad; sin embargo, es posible advertir  realidades distintas  en función  de los actores responsables de la administración y explotación de las playas. Por este motivo, la regulación de la actividad de los balnearios y la delimitación de los espacios arancelados puede variar entre los diferentes sectores.

El primer sector por considerar es aquel en el cual se emplazan las ya mencionadas UTF. En este territorio el municipio tiene a su cargo la administración y explotación, y cada unidad es otorgada  para su manejo a través de concesiones públicas. Por esta razón es posible identificar áreas de uso arancelado y áreas de uso público. El concesionario  es responsable de la manutención de ambas. En este caso los pliegos de bases y condiciones determinan las obligaciones de los concesionarios, y se fijan las proporciones  de cada una de las áreas públicas y aranceladas, entre otras cuestiones.

Según el Ente Municipal de Turismo (EMTUR), a lo largo de los 47 kilómetros de costa marplatense se emplazan  47 UTF. A su vez, estas se agrupan según su ubicación geográfica: Norte (3), La Perla (8), Centro (8), Playa Grande (14), Punta Cantera (4), Sur (10) (ver figura 3).

El segundo  sector es donde el territorio costero es propiedad privada. Estos terrenos están ubicados al sur de la ciudad, específicamente desde el faro Punta Mogotes hasta el paraje Los Acantilados, propiedad de los familiares del fundador de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos. Administran  ese espacio a través de la empresa Playas del Faro SAI y cuentan con aproximadamente 30 balnearios. A diferencia de las UTF, en este caso la actividad  en la zona es principalmente regulada (normas territoriales, administrativas y de manejo) por la ordenanza 8434/91. Adicionalmente, la ordenanza 21090/12 establece el régimen para las servidumbres administrativas de paso, en el uso y el interés público.

El tercer sector es el del complejo Punta Mogotes, compuesto por 24 balnearios. En este caso la administración y explotación se encuentra  predominantemente en manos del Estado provincial. Según lo establecido en la Ley 10233, tales funciones son ejercidas específicamente por la Administración de Punta Mogotes, una entidad pública interjurisdiccional cuyo patrimonio es 70% de la Provincia de Buenos Aires y 30% de la Municipalidad  del Partido de General Pueyrredón. En este caso, los concesionarios son regidos por lo estipulado en los pliegos de bases y condiciones.

Ahora bien, a pesar de la existencia de normas específicas para cada sector (pliegos de bases y condiciones a cargo del municipio o del Estado provincial y las ordenanzas 8434/91 y 21090/12), existen normativas transversales que pueden ser de origen nacional, provincial o local, cuyo alcance puede incluir a más de un sector o incluso a todos ellos.

Fuente: Ver interior figura 3.

7. Diagnóstico: el conflicto central, los reclamos y la normativa de apoyo

El conflicto central se erige en la disputa sobre el territorio. Esta circunstancia  no sorprende si se observan las reflexiones  de Svampa (2009), a propósito de las luchas latinoamericanas  y de los movimientos socioambientales. Según el autor, la territorialidad constituye una dimensión transversal a los movimientos que emergieron en la región, en un contexto en que el desarrollo ha quedado supeditado a las visiones neoliberales. Mientras que la lógica predominante de acumulación del capital establece una valoración del territorio solo en función de sus posibilidades productivas, los movimientos adoptan una postura más amplia, que incluye aspectos sociales, culturales y ambientales.

En este caso, la puja territorial se refleja en el reclamo de distintas organizaciones por la privatización del espacio costero. Por una parte, se concibe  a la playa primordialmente como recurso turístico, orientado  a satisfacer las necesidades de sus clientes. Desde esta óptica, la oferta de servicios y la instalación de facilidades de uso exclusivo constituyen el eje a través del cual se valoriza el espacio. La otra postura, además de considerar los beneficios que las actividades productivas otorgan, pone énfasis en la playa como espacio natural a conservar, en el que se desarrollan procesos de socialización y se construye la identidad colectiva de un pueblo.

En este conflicto central convergen una serie de agravios denunciados por las diferentes organizaciones, a través de los cuales se articula  y se le confiere sentido a la movilización. A continuación,  se enumeran  y explican cada una de las situaciones consideradas injustas desde la perspectiva de los protagonistas. El discurso expuesto y los reclamos manifestados conforman el marco a partir del cual se intenta visibilizar la causa y orientar la opinión pública, a favor de una determinada concepción de la realidad.

7.1 Restricciones de permanencia y usurpación del espacio público

Resulta significativo hacer alusión a la expulsión, en algunos casos violenta, de residentes y turistas del espacio comprendido entre los límites de los balnearios y el mar, en la zona sur de la ciudad. Esta circunstancia  es vista por los activistas como el detonante que dio origen a las primeras reuniones entre vecinos y organizaciones para tratar la problemática, sentando las bases para el surgimiento general del movimiento y la acción colectiva:

A mí lo que me pasó cuando me mudé al barrio en el 2008 (...) es que  no podía comprender cómo no me dejaban estar en la playa, no lo podía creer, entonces esa era la parte más difícil. Que uno termina naturalizando un tema, diciendo –ah esto es privado  me corro, me dijeron que acá no se puede, me lo creo y lo hago–. Entonces esa fue la parte más chocante por la que comenzamos a trabajar, porque veíamos también que la gente cerraba las sombrillas, cerraba su carpa, agarraba a su hijo y se iba… y no tenía que ser así. (Karina Huarte, Asamblea por los Espacios Públicos, comunicación personal, 10 de marzo de 2017).

Estas prácticas de restricción a la permanencia se observaron  en el sur de la ciudad de Mar del Plata, donde  los balnearios se emplazan en terrenos privados. Ante esta circunstancia, el reclamo se sustenta en lo establecido en el artículo 2340 del Código civil argentino (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014) y en el decreto provincial 10391/87.

El referido artículo determina que las playas marítimas son efectivamente de dominio público. Ahora bien, en el texto se apunta que las playas marítimas  constituyen “la porción  de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales”. Este segmento no es estático, el incremento del nivel del mar y la acción humana constituyen factores capaces de modificarlo, lo que vuelve indispensable su medición y delimitación de manera frecuente.

Según lo establecido en el decreto provincial 10391/87, dicha tarea incluye el trazado de la línea de la ribera. Esta línea permite identificar qué parte de la arena corresponde al uso público y su determinación  está a cargo de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, con las indicaciones  presentes en el Código de aguas (Gobierno  de la Provincia de Buenos Aires, s. f.), en sus artículos 18 al 21.

Los activistas advierten que la línea de la ribera no ha sido determinada desde 1997, y exigen que el Estado provincial se ocupe del asunto:

El Código  civil determina  que las playas son un bien público y en Mar del Plata se nos sigue sacando playa cuando en el resto del mundo ese espacio es de todos. Por eso, es fundamental que se vuelvan a realizar las mediciones de la línea de que determina dónde empieza lo público y dónde lo privado en las playas. Se pidió el año pasado a través de la Defensoría del Pueblo y nosotros lo solicitamos en junio a la Provincia. Hasta ahora sin respuestas. (Karina Huarte, Asamblea por los Espacios Públicos, citada en Diario 0223, 2016b).

Por otra parte, el decreto provincial  9196/50 se refiere a esta cuestión y contempla la existencia de la ribera externa, la cual constituye una franja paralela a la playa marítima (definida por el Código civil), considerada como espacio para el uso público. Este documento ya no se encuentra  en vigencia, pero representa un antecedente de la búsqueda por la preservación de los espacios públicos de la provincia.

En la actualidad, la ribera externa se encuentra ocupada por unidades de sombra. Esta circunstancia se contempla en el artículo 9 de la ordenanza 8434/91 en donde, contrariamente a lo expresado en el decreto mencionado, se otorga permiso a los balnearios para levantar instalaciones removibles, como carpas sombrillas y puestos abiertos.

Los documentos legales y antecedentes que sustentan los reclamos por la expulsión de usuarios en la zona sur son también referenciados por los activistas para denunciar la usurpación de espacios públicos por parte de los concesionarios en el resto de las playas de la ciudad. Si bien no se han hecho visibles prácticas intimidatorias destinadas a desalojar residentes y turistas, se han observado acciones que dan cuenta de la ocupación de la playa marítima.

Se trata de una problemática que afecta a toda la franja costera, pero especialmente a la zona sur, donde los privados directamente expulsan de la playa pública a quienes no son clientes y se instalan  con sombrillas. En los balnearios de la zona céntrica, en tanto, la soga está cada vez más cerca del mar, por lo cual la gente puede establecerse solo sobre arena mojada, lo cual no es admisible. (Karina Huarte, Asamblea por los Espacios Públicos, citada en La Capital Mar del Plata, 2016).

Los activistas observan incumplimientos de los concesionarios de las UTF, en relación con lo estipulado en los pliegos de bases y condiciones, a propósito del número de unidades de sombra permitidas. Si bien la ordenanza 22536/15 determina la obligatoriedad de publicar la cantidad de unidades de sombra autorizadas por el EMTUR, la ONG En Defensa de las Playas Públicas denuncia  excesos. En este caso, se hace alusión directa a los balnearios ubicados en el centro de la ciudad, correspondientes al complejo La Perla, y se exige mayor intervención al municipio. “En los balnearios de La Perla ha habido exceso de carpas y sombrillas, y no hay controles salvo cuando se mediatizan (…)” (Mariano Gemín, En Defensa de las Playas Públicas, citado en Radio Mega, 2016).

7.2 Restricciones de acceso y falta de balnearios públicos

La segunda cuestión atañe a la falta de accesos y balnearios públicos, así como el mantenimiento de los existentes. Desde las organizaciones  se sostiene que los empresarios no realizan las obras necesarias, pese a la existencia de legislación destinada a garantizar el libre acceso a las playas, en la que se asigna un responsable para su mantenimiento.

Para la zona sur, el reclamo se sustenta en la ordenanza 8434/91, en la cual se establecen los indicadores urbanísticos para el sector que corresponde a Playas del Faro SAI. En el artículo 6º queda expreso que debe construirse un balneario público por cada tres privados. Asimismo, la ordenanza 21090/12 determina que debe garantizarse una bajada mínima por cada balneario o explotación turística; además, cada uno de estos pasos públicos debe contener baños de uso libre.

Es necesario  abrir expedientes con estos temas, nos faltan bajadas públicas, nos faltan playas públicas, faltan controles para los concesionarios y lo único que queda, para los turistas y marplatenses que no queremos o no podemos tener una carpa o una sombrilla, es arena húmeda. (Karina Huarte, Asamblea por los Espacios Públicos, citada en Qué Digital, 2016).

Este reclamo se extiende  al resto de la ciudad, en donde las UTF se emplazan  sobre terrenos pertenecientes al estado, con la reglamentación de la actividad de los concesionarios expresa en los pliegos de bases y condiciones. A propósito de esta circunstancia, los actores movilizados en torno a la problemática  se alinearon a la denuncia formal de un particular, en la que se advierte que la posibilidad de acceso al espacio público de las playas se encuentra  limitada.

En el 2016, desde el poder judicial se dictó una medida cautelar en la que se ordenó a 32 balnearios de la ciudad y a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón garantizar el acceso irrestricto al espacio público. En la denuncia  se establece que desde el Estado municipal y provincial no se realizaron  los debidos controles de accesos y baños públicos, de acuerdo con lo que se postula en las ordenanzas 8434/91 y 21090/12. Sin embargo, tras la apelación de los concesionarios y del propio municipio, la medida quedó sin efecto.

En el dictamen de los jueces se determina que la alusión a las ordenanzas 8434/91 y 21090/12, como sustento para la denuncia a las UTF, no corresponde, puesto que su injerencia no alcanza a las zonas referidas (legislación que sí puede  ser aplicable para los terrenos privados concesionados al sur de la ciudad). Ante tales circunstancias, la Asamblea por los Espacios Públicos manifestó su inconformidad, sobre todo por la falta de controles municipales a los concesionarios y la ausencia de apoyo a la ciudadanía en sus reclamos.

Nosotros estimábamos que con la medida tomada por el juez se iban a inspeccionar los balnearios y de allí se podían generar multas o la baja de las concesiones, pero si es el municipio el que la apela, no nos queda otra que salir a pelear por nuestros derechos. (Karina Huarte, Asamblea por los Espacios Públicos, citada en Diario 0223, 2016a).

Otra de las situaciones denunciadas, en este caso por la ONG En Defensa de las Playas Públicas, se focaliza en la situación  de las playas del centro de la ciudad, en particular en la concesión de Las Toscas y Paseo Hermitage, respecto al mantenimiento de las estructuras de las unidades de sombra en temporada baja. Esto adquiere relevancia para la ONG debido a que: en primer lugar, obstruye el acceso para el disfrute del espacio público y, en segundo término, distorsiona el paisaje en la zona más emblemática de la ciudad. Para los activistas, esta modificación del panorama costero plantea una imagen de la ciudad despojada de su espacio natural, y cumple la función de naturalizar la privatización de la playa.

El tema de la privatización de los espacios costeros es algo que está en debate y cuando pasan estas cosas da bronca; hoy en día el nivel de impunidad con el que se manejan los concesionarios que ni siquiera se molestan en retirar las estructuras fuera de la época estival, hace que tengan la playa principal de la ciudad cerrada en temporada baja. (Mariano Gemín, En Defensa de las Playas Públicas, citado en Qué Digital, 2015).

7.3 Prácticas que acentúan el deterioro ambiental

Aunque el proceso general de urbanización en el entorno costero constituye un factor de deterioro ambiental relevante, en este apartado se hace referencia  a prácticas particulares que lo acentúan: la deforestación, la extracción ilegal de arena y las construcciones no removibles. Según explican Veneziano y García (2014), estas prácticas aumentan los procesos erosivos; señalan que pueden ser causados por circunstancias tanto naturales como antrópicas. Entre las primeras, destacan la acción de tormentas y sudestadas, a la par del incremento del nivel del mar, mientras que en las segundas aparecen la construcción de vías de circulación próximas a la costa, los desagües pluviales, la minería extractiva en las playas, así como la actuación urbanística y de servicios sobre la costa y áreas inmediatas.

En cuanto al primer punto, se observan denuncias por la actividad de los concesionarios en la zona de la reserva Paseo Costanera Sur. El caso más señalado en fechas recientes ha sido el del balneario Horizonte del Sol, que durante 2016 realizó una tala en el espacio de la reserva, con el fin de incrementar su capacidad para instalar equipamiento.

Nuevamente los vecinos de la zona sur integrantes de Asamblea Verde Mundo, Asamblea Vecinos por los Espacios Públicos y esta Asamblea detectamos deforestación y movimientos de arena y tierra  en NUESTRA Reserva Forestal  Paseo Costanero Sur. (Asamblea por los Espacios Públicos, 2018).

Las otras dos cuestiones que atañen a los empresarios son la extracción de arena y las construcciones ilegales en las playas. Con respecto a la construcción de estructuras no permitidas (por contener cemento) en las playas de la ciudad, resulta oportuno indicar que la ordenanza 8434/91 especifica que las construcciones sobre la ribera deben ser removibles. El caso paradigmático que ha tenido una fuerte repercusión  en los medios es el del balneario Abracadabra, ubicado en la zona sur de la ciudad (ver tabla 1).

Desde hace tres semanas venimos visibilizando conjuntamente [sic] con los vecinos la situación en Abracadabra y a raíz de las denuncias efectuadas, se labraron dos actas de constatación, pero si bien el Tribunal de faltas 2 dispuso la clausura que se hizo efectiva este jueves por la mañana, pasamos por el balneario a la tarde y vimos que los operarios habían reanudado los trabajos en la obra. (Karina Huarte, Asamblea por los Espacios Públicos, citada en MDP Hoy, 2016).

A pesar de que en un principio la denuncia realizada por la Asamblea por los Espacios Públicos no logró detener los trabajos de construcción, tras la insistencia en los reclamos y con el trabajo de la Comisión de turismo y el Defensor del pueblo, en 2018 el Tribunal de faltas ordenó la demolición de las edificaciones. A pesar de que el caso resultó favorable para los denunciantes, se observa que este tipo de edificaciones no sustentables continúan realizándose en distintos puntos de la costa marplatense.

La situación  siempre es igual del norte hacia el sur, venimos viendo los mismos escenarios a pesar de lo que planteamos las comunidades. Se construye, se pasan por encima ordenanzas, leyes provinciales, leyes nacionales y ambientales, leyes de construcción y de uso de suelo. Una vez hecho se empieza  con la lucha de defensa y disputa  y la verdad es que muy pocas veces se tiran abajo esos lugares, a pesar de estar construidos ilegalmente. (Karina Huarte, Asamblea por los Espacios Públicos, citada en MDP Ya, 2018).

Por otra parte, a medida que pasan los años el tema de la arena en las costas de la ciudad adquiere mayor relevancia. La erosión del frente trae como consecuencia una reducción de la playa y, por lo tanto, existe menor espacio para montar las unidades de sombra de cada balneario. Según explica En Defensa de las Playas Públicas, ante esta situación los concesionarios extraen arena de los espacios libres y la depositan en el sector destinado a la instalación de las carpas y sombrillas. Sostienen que esta acción, además de causar mayor deterioro  del frente costero, reduce el espacio público.

Ahí los concesionarios lo que hicieron fue una extracción de arena del sector público, prácticamente de la orilla de la playa para arrojarla al sector de la playa privada, para defender sus intereses más que nada. Eso en teoría no debería estar avalado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. (Mariano Gemín, Asamblea por los Espacios Públicos, citado en Qué Digital, 2019).

También se acusa a los empresarios y al grupo que los reúne, Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines  (CEBRA) de realizar el refulado, que implica la extracción de arena ubicada mar adentro y deposición en las playas, para contrarrestar los efectos de la erosión. Esta práctica resulta muy costosa y se realiza con cargo al Estado, lo que beneficia primordialmente al sector privado.

A propósito de esta cuestión, la resolución 2623/08, emanada desde el Consejo Deliberante del Municipio de General Pueyrredón, declara a la arena como “recurso turístico fundamental”. En el documento se expresa la necesidad de protección y conservación, puesto que constituye uno de los pilares del desarrollo económico local. En este contexto se insta al Estado provincial a realizar las inversiones necesarias para evitar la pérdida de este recurso (ver tabla 1).

Tabla 1. Síntesis del diagnóstico

Fuente: Elaboración propia.

Como se señala a lo largo del texto, las problemáticas  no son exclusivas de una determinada zona. Los años mencionados dan cuenta de los momentos en los que se expuso el discurso analizado, pero no significa que no existan otras instancias en las que este tuviese exposición. La privatización  afecta a la costa marplatense en general, y las denuncias  se han producido y tomado notoriedad mediática a lo largo de la última década.

8. Pronóstico: propuestas y posibles soluciones desde las organizaciones

Las organizaciones  ven esencial la participación del Estado para regular la actividad de los concesionarios. Una de las principales cuestiones que las movilizaciones buscan que se defina son las acciones del sector público provincial, respecto a la demarcación de la línea de la ribera, a fin de establecer los límites del espacio que puede ser ocupado por los balnearios.

Para otras cuestiones como la falta de accesos y balnearios públicos, el exceso del factor ocupacional, la construcción de estructuras no permitidas y el mantenimiento de los espacios no arancelados que son parte de las concesiones, los activistas advierten la necesidad de ejercer mayores controles por parte del Estado municipal. Además, en el caso de las UTF, se busca que las infracciones constatadas tengan un peso definitivo a la hora de renovar las concesiones.

Los activistas explican que los permisos  se otorgan por plazos excesivamente largos, sin tener en cuenta la dinámica costera. En los pliegos de bases y condiciones queda establecido el área a ocupar por el balneario, pero no se considera  la posibilidad de que el mar avance sobre la playa, con la consecuente reducción al espacio público. Este punto es central en el conflicto. Cuando desde el sector privado o desde el municipio se desestiman  los reclamos de las organizaciones, se argumenta que la zona arancelada se encuentra  fijada en los pliegos de bases y condiciones.

No hay multas porque cuando el Municipio autoriza concesiones, que son de entre 20 y 30 años, son por una cantidad determinada de unidades de sombra y no se tiene en cuenta la dinámica del mar y ese es el problema que estamos teniendo ahora. Las concesiones no se pueden modificar porque es un documento legal y los empresarios están avalados por ellas mientras el mar avanza. (Mariano Gemín, En Defensa de las Playas Públicas, citado en Qué Digital, 2019).

A través de las exigencias que recaen sobre actores públicos y privados, las organizaciones buscan obtener mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones, con respecto a los temas enunciados y al desarrollo turístico en general. Se pretende mejor acceso a los expedientes, informes y pliegos de bases y condiciones, para incrementar las posibilidades de control ciudadano sobre la explotación de la costa. El hecho de que estos documentos sean elaborados entre los empresarios y los organismos públicos, con una escasa participación comunitaria, refuerza la idea de una planificación de los espacios costeros centrada en determinadas expectativas e intereses.

Desde la Asamblea por los Espacios Públicos se reivindica  también la posibilidad de gestión comunitaria en determinados sectores del sur de la ciudad. El Balneario Verde Mundo es un caso exitoso de autogestión en el que los vecinos estructuran formas innovadoras hacia el manejo sustentable del espacio de playa, para el disfrute de turistas y residentes. En definitiva, si bien las posturas con respecto a la gestión de la playa pueden variar en el marco de la heterogeneidad del movimiento, se trata siempre de una búsqueda por plasmar la voluntad y las valoraciones de la comunidad sobre el territorio.

Se destaca  que la movilización no demanda eliminar la posibilidad de desarrollo de actividades productivas vinculadas al turismo de Mar del Plata; su intención es exigir aspectos soslayados en el modelo actual, que son importantes para mejorar la calidad de vida de los residentes y turistas. Ante ello, se observa la necesidad de un nuevo entramado turístico en el que la playa en particular y el territorio en general, adquieran una valoración más amplia. A pesar de que existe legislación local, provincial y nacional que respalda esta postura compleja y superadora, los hechos indican que su implementación  es aún deficiente.

9. Campos de identidad

La correlación  a los campos de identidad implica la asignación de determinados roles a los actores que se encuentran involucrados en la problemática abordada. En primer lugar, el grupo protagonista está compuesto por las organizaciones previamente descritas. Es relevante considerar que la identificación de los protagonistas se construye, en cierta medida, a partir de la diferenciación con los otros. En este caso los otros, los antagonistas, representan una visión que se opone al discurso de los actores movilizados, con respecto a la valoración de la playa. Los antagonistas son referenciados principalmente en el marco de diagnóstico.

Así, los actores que se encuentran  en conflicto con los protagonistas son el estado y los empresarios del sector de balnearios. Según los activistas, los concesionarios realizan prácticas que impactan negativamente en diversos ámbitos. En este contexto, el ente gobernante no regula ni controla adecuadamente en función de los intereses comunitarios. Esta observación  coincide  con la mirada de Harvey (2008), quien postula al Estado como facilitador de los procesos de expansión territorial del capital, a través de la flexibilización de los marcos normativos.

Finalmente, el grupo de los espectadores está compuesto por residentes y turistas. Se busca crear conciencia  sobre la situación de las playas en los marplatenses, al insistir sobre el carácter público de los bienes naturales y su importancia para la comunidad. A su vez, los turistas constituyen otro sector al que los activistas buscan advertir. Aquí entra en juego la posibilidad de disfrute para el turismo que queda excluido del modelo de desarrollo orientado a un determinado perfil.

A modo de cierre del análisis, se presenta  a continuación un esquema basado en el modelo planteado por Chihu Amparán (2016) en el que es posible visualizar los campos de identidad, así como los marcos de diagnóstico y pronóstico.

Figura 4. Marcos e identidades

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Chihu Amparán (2016).

10. Conclusiones

Con el abordaje del devenir de Mar del Plata como destino turístico se ha podido visualizar el proceso de apropiación del espacio litoral, a partir de la instalación de balnearios con infraestructuras y servicios orientados a las necesidades de los clientes. Esta expansión  se produjo en el marco de una valoración del territorio en términos productivos, que a través del tiempo ha comprimido los espacios de esparcimiento y socialización de la comunidad. La reducción  de la playa para los residentes y turistas se acentuó con la expansión privada y también como resultado de los procesos erosivos por causas naturales y antrópicas.

Las movilizaciones  sociales en la primera década del siglo XXI dejan en evidencia la existencia de una valoración distinta del territorio, basada en su carácter natural, cultural y patrimonial. En este sentido, la defensa de las playas implica la reivindicación del carácter público de los bienes, ante el despojo producido por el proceso de privatización y las prácticas que lo sostienen.

Al revisar las demandas de los movilizados, se observó la existencia de tres cuestiones fundamentales que dan cuenta de lo establecido: a) las restricciones de permanencia y la usurpación del espacio público, b) las limitaciones  de acceso y la falta de balnearios públicos, y c) el desarrollo de prácticas que acentúan el deterioro ambiental.

El discurso  de los activistas busca plasmar las ideas del movimiento con enfoque en la defensa del espacio público. Se pretende generar conciencia sobre el dominio público de las playas y los derechos de los residentes y romper con la naturalización de un entorno en el que los ciudadanos no poseen voz en las decisiones sobre el propio territorio. Se hace referencia al Estado como responsable del sostenimiento de las bases de un statu quo considerado injusto para la comunidad, y se promulga la necesidad de armonizar el crecimiento económico derivado de la explotación de la zona costera con las necesidades de la población  local.

Al analizar la legislación aplicable a cada una de las problemáticas, se advirtió que la mayor parte de las cuestiones que se reclaman  tienen  un sustento jurídico. Es decir, que la visión de las organizaciones coincide con los ideales plasmados en las ordenanzas, leyes, decretos, resoluciones, y pliegos de bases y condiciones. A pesar de esta circunstancia, proliferan prácticas que pasan por alto las normas. Si bien desde el Estado se ejerce cierto control para su cumplimento, este resulta insuficiente.

En este contexto, las organizaciones  objeto de análisis presentan  sus propuestas de modificación de la situación actual, ante la necesidad de reorientar la actividad pública en función de objetivos más amplios, que incluyan una valoración distinta del territorio. Asimismo, no se descarta la posibilidad de incursionar en proyectos de gestión comunitaria de determinados sectores, en los que la escala lo permita. Como se mencionó anteriormente, el proyecto no implica una desmercantilización absoluta de la costa, se trata de construir un nuevo modelo de desarrollo turístico, de carácter incluyente y sustentable.

Además de los hallazgos que emergieron producto del análisis específico, el estudio presentó una posibilidad de articulación entre la teoría generada para el abordaje de la acción colectiva y las problemáticas, en las que la gestión y evolución del turismo adquieren un rol protagónico. Así, se plantea una posibilidad de investigación útil para nuevos casos en los que se identifiquen situaciones conflictivas de este tipo.

Actualmente, es posible observar procesos de movilización social respecto a los efectos del turismo  masivo en ciudades como Barcelona, Venecia, Ibiza, Roma, Mallorca, San Sebastián, Dubrovnik, entre otras. A pesar de la existencia de dicha disposición a nivel mundial, aún son escasos los estudios que adoptan una perspectiva centrada en las organizaciones y los movimientos que realizan o dan impulso a las acciones colectivas.

Para cerrar, es importante dejar en claro que este trabajo representa un panorama inicial de la problemática y el proceso de movilización social. Se advierte que la amplitud del tema otorga la posibilidad de generar nuevos trabajos, desde diferentes perspectivas y disciplinas. En lo que se refiere al análisis del movimiento y las organizaciones que lo componen, queda pendiente la indagación en referencia a su estructura organizativa, sus repertorios de acción y los procesos de conformación de la identidad colectiva.

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