LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO EN EL TURISMO EN QUINTANA ROO, MÉXICO: PRECARIEDAD LABORAL Y COVID-19

Resumen

La precariedad laboral ha sido usada como instrumento para fortalecer al modelo económico neoliberal. En México se establecieron las condiciones para su implementación desde el año 2012, a través de la Ley Federal del Trabajo. La calidad del empleo en el sector turístico tiene la desventaja de ser estacional, sin prestaciones, jornadas excesivas, y flexible, entre otras. Así, las empresas trasladaron ciertos gastos a las manos de los trabajadores, destacando el relacionado con el acceso a servicios de salud. La contingencia sanitaria establecida en el mes de marzo de 2020 en el territorio mexicano provocó que la precariedad laboral fuera notoria, al no respetarse la recomendación del Estado denominada “sana distancia”, ante el desempleo tras el cierre de las actividades no esenciales. El propósito de este documento es reflexionar sobre cómo la precarización laboral del sector turístico ha provocado que el estado de Quintana Roo se posicione como una de las entidades con mayor número de contagios per cápita.

Palabras clave: México, Quintana Roo, Turismo, COVID-19, precariedad laboral.

THE DROP THAT SPILLED THE GLASS IN TOURISM IN QUINTANA ROO, MEXICO: JOB INSECURITY AND COVID-19.

Abstract

Job insecurity has been an instrument that has strengthened the neoliberal economic model. In Mexico, the conditions for its implementation were established since 2012, through the Federal Labor Law. The quality of employment in the tourism sector has the disadvantage of being seasonal, without benefits, excessive hours, and flexible, among others. Thus, the companies transferred certain expenses to the hands of the workers, specially the one related to health services access. The health contingency established in the month of March 2020 in the Mexican territory caused the job insecurity to be notorious, as the recommendation of the State called “healthy distance” was not respected, due to the unemployment after the closure of non-essential activities. The purpose of this document is to reflect on how the precarious employment of the tourism sector has caused the state of Quintana Roo to position itself as one of the entities with the highest number of infections per capita.

Keywords: México, Quintana Roo, tourism, COVID-19, job precariousness.

El sector turístico a nivel global se ha convertido en un ente por demás vulnerable, ante la pandemia provocada por el COVID-19, debido a la proximidad que requiere esta actividad económica. Ello invita a repensar la forma en cómo se ha gestionado el turismo desde hace cinco décadas. El flujo de capital que genera a nivel mundial es indiscutible, acorde con la Organización Mundial del Turismo (2020a) solo en el año 2019 se desplazaron alrededor del mundo más de 1.5 billones de personas. En este orden, México recibió 45 millones de turistas internacionales, los mismos que tuvieron una derrama económica de 24 mil 563 millones de dólares, cifras que están en un 9% por encima del año anterior. Al respecto, el estado de Quintana Roo basa su economía en el sector turístico, además de ser la marca-destino con mayor recepción de visitantes. Durante el año 2019 arribaron a la entidad 22 millones de turistas internacionales, es decir, 48% de la demanda nacional, así como 56.9% de los ingresos por este concepto con 14 mil millones de dólares (Diario 24 Horas, 2020).

El overtourism (o turismo masivo) promovido por el modelo capitalista desde la OMT, ha encontrado en la pandemia por COVID-19 un obstáculo para el continuo crecimiento de cifras de carácter macroeconómico y el acaparamiento de capitales, principalmente de los países subdesarrollados, en donde han encontrado las condiciones para el incremento de la renta, a costa del deterioro de la población trabajadora del sector; es decir, “el crecimiento económico imparable se estrella con los límites biofísicos” (Acosta, 2020, párr. 19). Por ello, Fletcher et al. (2020) mencionan que la pandemia actúa como una coyuntura para entrar al decrecimiento turístico, partiendo de la estructura que lo impulsa.

Es evidente que la forma en que está organizada la economía neoliberal ha provocado serias crisis, cabe recordar la de tipo inmobiliario en 2008. Ante ello, es imperativo promover la creación de economías paralelas a la turística, puesto que la dependencia a un solo sector impacta con mayor vehemencia y torna a las localidades en zonas vulnerables, como es el caso de Quintana Roo, México.

Esa fragilidad se ha vuelto real con los efectos del COVID-19, provocando la paralización económica y mostrando a la par la debilidad del ser humano. Lo anterior exige un cambio estructural del capitalismo, puesto que “la degradación ecológica del planeta ya no permite más demora” (Torres, 2020, párr. 4). Asimismo, este virus ha develado el propósito de las empresas transnacionales por continuar acumulando, con despidos a su personal incluso antes de la contingencia sanitaria; así lo demuestran las compañías quintanarroenses, las cuales ostentan más de 47 mil 803 despidos, un mes antes de la declaratoria de emergencia (IMSS, 2020a).

La economía requiere promover el desarrollo de las personas, no las personas asegurar el crecimiento de la economía. La incógnita es: ¿Cómo se reestructurará el modelo capitalista? o simplemente se apoyará en la memoria de corto plazo de las generaciones, a fin de que la pandemia sea vista solo como una película de terror, continuando con el modelo predatorio y hegemónico.

El enfoque de este trabajo es de corte crítico, utilizando como base el estudio realizado por Rubí-González y Palafox-Muñoz (2017), quienes investigaron acerca de la precarización y flexibilización laboral en el sector turístico de la isla de Cozumel (Quintana Roo), resultado de las estrategias que el capital utiliza para la acumulación, mediante el despojo de las prestaciones laborales que el Estado ha promovido para la consolidación del mercado.

La precariedad laboral integra el binomio fuerza de trabajo y Estado, siendo este último el causante de establecer las condiciones para el desmantelamiento de su estructura y dejando que el mercado se fortalezca mediante el deterioro de las condiciones de empleo y la evasión fiscal, provocando una fractura que el COVID-19 hizo evidente. En México, los consorcios que adeudan más de 50 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), es decir, que no pagan impuestos, son: Kimberly Clark Southern de México, Bimbo, Banco JP Morgan, Casa Sauza, Alstom, Ahmsa, Azteca Holdings, Alsea, Walmart México, América Móvil, Maxcom (Infobae, 2020; Rodríguez, 2020); al respecto la presidenta de Alemania, Angela Merkel (citada en Medina, 2020), afirmó que el problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada, y México es ejemplo de ello.

Con base en lo anterior, y tras la caída de la cadena de producción y el desmantelamiento paulatino de la estructura del Estado, ha quedado expuesta su fragilidad referente a los servicios de salud, ya que el acceso a la seguridad social ha sido uno de los elementos que han ido desapareciendo de las prestaciones laborales, no solo en los países subdesarrollados, sino también en los países promotores del capitalismo neoliberal. Ejemplo de este cambio estructural para disminuir la participación del Estado, de acuerdo con los datos del Banco Mundial (2020), es que los Estados Unidos de Norteamérica en 1970 contaba con 7.9 camas de hospital por cada mil habitantes, mientras que para 2013 solo tenía 2.9, es decir, una disminución del 63.3%; en México se contaba en 2015 con 1.5 camas por cada mil habitantes.

Tomando en consideración los valores del año 2019, tanto de la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo (Sedetur, 2020), como de la OMT (2020a), donde se afirma que el flujo de turistas aumentaría un 4%, la crisis sanitaria del COVID-19, estaría provocando la ausencia en Quintana Roo de al menos seis millones de pasajeros de avión y 2.4 millones de visitantes de cruceros, estos últimos equivalentes al 35% del total anual de 2019; además de que, en los meses del cierre de actividades, la ocupación hotelera en Cancún y Riviera Maya del año anterior oscilaba en 80%, cifras que no serán rebasadas, pues aunque las actividades turísticas se reanuden, no se espera una afluencia tal que permita una recuperación económica inmediata.

Al respecto, el World Travel & Tourism Council (WTTC, 2020) estimó la pérdida de más de 100 millones de empleos turísticos a nivel global por la contingencia provocada por el COVID-19. Pero ¿qué clase de empleos son los que se van a perder?, si la mayoría del empleo en México es informal, con una tasa del 56.2%, y los empleos formales representan el 27.5% de la planta laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). El sector turístico es evidencia de lo anterior (Rubí-González y Palafox-Muñoz, 2017).

No hay duda de que el empleo turístico cuenta con un lugar importante en la economía; en la región de las Américas representa el 29% de los espacios de trabajo, acorde con la OMT (2020b), sin embargo, este se ha caracterizado por tratarse de ocupaciones precarias y con fuerte impacto en la economía informal, con ausencia de protección social (Cañada, 2015; Rubí-González y Palafox-Muñoz, 2017; Hiernaux-Nicolas, 2020).

Las comunidades transformadas en destinos turísticos han dejado atrás la diversidad de actividades económicas para enfocarse total y exclusivamente al turismo, creando una dependencia, tal y como sucede en Quintana Roo con Cancún, Riviera Maya, Cozumel, entre los destinos más representativos, todos ellos ubicados al norte de la entidad.

Para contar con una referencia de la magnitud de la informalidad, la estadística oficial en México distingue en el empleo informal ciertas condiciones, a saber: a) las situaciones de abandono se dan en las empresas con algún tipo de registro, específicamente en el aspecto de la eliminación de prestaciones, como la de seguridad social; b) el sector informal es aquel que no se encuentra registrado ante ninguna instancia y, por consecuencia, no puede brindar a sus trabajadores prestación alguna (INEGI, 2019).

A nivel nacional, el INEGI (2020) señala que la tasa de informalidad es de 56.2%, mientras que el estado de Quintana Roo registra una tasa menor, con 46.43% (INEGI, 2019). No obstante, al desagregar dicha tasa, se puede observar que la informalidad es distinta en diversos puntos de la entidad; por ejemplo, en la isla de Cozumel el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2020a) cuenta con el registro de 16 mil 735 empleados, que representan el 41.7% de la población económicamente activa, dicho de otra forma, la informalidad en la isla es del 58.3%, dos puntos por encima del promedio nacional y 12 puntos del estatal; en la capital la informalidad es del 74.7% y en Bacalar alcanza un 94.1%.

El empleo en Quintana Roo está prácticamente dedicado al sector turístico, destacan los rubros de hospedaje y restauración en la creación de empleo formal, dejando dentro de la informalidad las actividades de transporte, deportes acuáticos y el comercio. La información existente, de acuerdo con el gobierno de la entidad (GEQRoo, 2016), confirma la dependencia laboral del sector turístico, situándola cerca del 80%. Al mismo tiempo, Quintana Roo tiene una tasa de desocupación muy baja, lo cual es indicador de que la población está empleada en condiciones precarizadas, de otro modo no se puede entender que la entidad continúe, año con año, aumentando en niveles de pobreza por privaciones sociales y específicamente la que mide acceso a la seguridad social (Coneval, 2018).

Ante un escenario con la mayoría de empleos en la informalidad, sería de suponer que la minoría de empleos formales cuenta con una adecuada protección legal, y son los informales los que están en riesgo de desaparecer; pero, de acuerdo con las entrevistas realizadas, el sector laboral formal se encuentra igualmente indefenso, pues se ubica en al menos una de las categorías de flexibilización que conducen a la precarización (ver tabla 1).

Tabla 1. Tipos de flexibilización laboral

Fuente: Elaboración propia con datos de Rubí-González y Palafox-Muñoz (2017).

De las categorías señaladas por Rubí-González y Palafox-Muñoz (2017), en esta contingencia sanitaria se ha observado la presencia abrumadora de las siguientes:

a) Numérica externa. La libre capacidad de las empresas de despedir a sus trabajadores sin ningún tipo de consecuencia. Hoteles, restaurantes, comercios en general, han suspendido el pago de salarios, argumentando la ausencia de turistas. La figura del descanso solidario es en la realidad un despido. Sin indemnización ni liquidación alguna, los trabajadores han sido separados de su actividad reduciendo su ingreso a cero, solamente con la promesa de que, cuando todo se reestablezca, serán nuevamente llamados a trabajar.

b) Salarial. Hoy se hace visible la realidad que permea en la economía quintanarroense. La mayoría de los trabajadores del sector formal están contratados por uno o dos salarios mínimos (IMSS, 2020a), lo suficiente para garantizar la existencia de un contrato y la consiguiente prestación de seguridad social mínima, dejando a los turistas la obligación de complementar el pago de la nómina a través de las propinas y comisiones. Aquellas unidades económicas que han evitado los despidos se limitan al cumplimiento de su obligación, es decir, al pago de uno o dos salarios mínimos en el mejor de los casos y medio sueldo en otros. De esta manera, las propinas y comisiones son conceptos que en ocasiones alcanzan el 95% del ingreso total de los trabajadores, que hoy en día han desaparecido, una vez más, argumentándose la falta de turistas.

Bajo esta perspectiva, en el que los empleos formales están desprotegidos y los informales nunca lo han estado, se recrudece la situación económica que ha ido poco a poco degradando las condiciones de vida, hasta llegar al punto de que el principal destino turístico de América Latina sea incluido en la lista de los municipios más pobres de México y, en la ampliación del programa, fueran incluidos otros destinos turísticos como Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres (Sedesol, 2014). Los empresarios han trasladado a sus clientes y empleados el cumplimiento de sus obligaciones, ahorrando cantidades de dinero que han contribuido al crecimiento de la desigualdad.

En el escenario de una crisis sanitaria, es natural que se eleve el gasto familiar en salud, aún en aquellas familias que no cuentan con algún enfermo; por ejemplo, al decretarse el uso de cubrebocas como obligatorio. Así, Quintana Roo aparece como uno de los estados con mayor número de casos de contagios, con el municipio de Benito Juárez en el cuarto lugar nacional en decesos por la enfermedad (GEQRoo, 2020a). La contingencia se refleja en gastos que no están presupuestados por familia, ya sea en medicamentos o en hospitalización, como se ha demostrado con las cifras. La mayoría no cuenta con el apoyo de la seguridad social porque no tiene acceso, e incluso teniéndolo, porque la capacidad instalada es insuficiente; estas erogaciones incrementan la pobreza entre la población.

La respuesta de las autoridades locales se ha limitado a realizar invitaciones a permanecer en casa y a la entrega de dos despensas por familia. A nivel del gobierno federal, las empresas formales que no hayan despedido trabajadores podrán tener acceso a un crédito equivalente a ocho salarios mínimos mensuales (IMSS, 2020b), y se espera un crédito similar para algunas unidades del sector informal (SE, 2020). El mensaje del aparato federal es que se dará prioridad a las personas en mayor situación de pobreza mediante el uso de transferencias directas. El problema por venir está en que la pensión universal para adultos mayores, las becas para estudiantes y el programa de apoyo al campo (los subsidios), no contemplan a la población en edad laboral.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2018), en México existen 52 millones 400 mil personas en situación de pobreza, de las cuales 32 millones no cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de los programas prioritarios. Tras el análisis de los rangos de edad, está claro que el diseño de la actual política social se enfoca en cubrir a las personas antes y después de entrar al mercado laboral. La mayoría de este grupo poblacional (88.6%) no tiene acceso directo a la seguridad social, probablemente personas en situación de informalidad laboral (OXFAM México, 2020).

El panorama venidero no es esperanzador, se ha observado de manera constante una tendencia a la reducción de los salarios, en parte producida por el excedente en la oferta de mano de obra. Si bien legalmente no puede reducirse el salario durante una relación de trabajo, sí lo es, al término de una relación laboral, ofrecer la misma plaza a otra persona con un salario menor. Esta reducción de salarios incide directamente en las condiciones de vida de un destino turístico, aunque no necesariamente las utilidades de una empresa sigan la misma tendencia, lo cual reafirma el señalado fenómeno de transferencia de obligaciones patronales hacia el trabajador.

Las empresas esperan la apertura de la actividad comercial que paulatinamente repuntará en la economía turística, de la mano de salarios más bajos y en condiciones más precarias. Los trabajadores lo aceptarán con tal de contar con una fuente de ingreso, esperando que sean los turistas, a través de comisiones y/o propinas, quienes suplan lo que los empresarios se ahorran. Así, “el Estado, en contubernio con los poderes económicos trasnacionales, procurará mejorar su control y disciplinamiento social con nuevos esquemas tecnológico-represivos” (Acosta, 2020, párr. 24), bajo la premisa del desarrollo, aunque este signifique un alza económica para las élites y continuar con la máxima desigualdad, en donde el 99% de la riqueza la concentra el 1% de la población mundial (OXFAM, 2016).

Sin duda el turismo es una de las actividades económicas que genera altas tasas de rendimiento y plusvalía. Al utilizar como escenario la naturaleza, las empresas aprovechan el paisaje prístino para promover el desplazamiento de millones de personas y presentar una diversa gama de servicios hacia la satisfacción de las necesidades de los visitantes; en suma, la creación de economías y cadenas de suministro, pero también caen en la trampa de promover una sola actividad económica, en dependencia.

Todo indica que el overtourism ha llegado a su fin, ya que “en un instante todo ha cambiado […] la industria turística mundial se ha detenido” (Fletcher et al., 2020, párr. 1; Hiernaux-Nicolas, 2020), trastocando fuertemente el crecimiento económico y dando una estocada final al desarrollo ficticio gestionado desde la óptica neoliberal. En este sentido, inclusive los pronósticos de la OMT establecían que 2020 traería un crecimiento del 4% respecto al año anterior, que fue de mil 500 millones de turistas internacionales, añadiendo que “en estos tiempos de incertidumbre y volatilidad, el turismo sigue siendo un sector económico fiable” (OMT, 2020b); sin embargo, las señales de agotamiento aparecen ante la quiebra de la agencia de Thomas Cook, la cual se atribuye a cuatro factores: el Brexit, el ascenso de Airbnb, las aerolíneas de bajo costo y una deuda de mil 922 millones de euros (Pratley, 2019), así como la aparición del propio COVID-19, que tuvo su brote el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020).

La quiebra de Thomas Cook se dio en el mes de septiembre de 2019, dejando sin viajes a más de 600 mil turistas alrededor del mundo (Moranta, 2020). Solo en Cancún mil 500 visitantes tuvieron una repentina cancelación de su vuelo a Londres o Manchester (Duque, 2019); a nivel mundial la WTTC (2020) estima que 100 millones de empleos están en riesgo y un millón se perderán por cada día de contingencia que pase en el sector turístico global.

Fletcher et al. (2020, párr. 5) advierten que se pondrá en marcha el manual del capitalismo del desastre, el cual impulsa una mayor privatización y consolidación de las grandes corporaciones, como sucedió con la reconstrucción del turismo en Asia después del tsunami de 2004, en donde aerolíneas, hoteles y restaurantes “capturaron la mayor parte de los paquetes de rescate estatales propuestos en Estados Unidos”. El asunto es que dicho país tiene el mayor número de contagios y muertes por COVID-19, con cinco millones 624 mil 316 infectados y 166 mil 100 decesos (Google News, 2020), por lo que tendrá que fortalecer su economía interna antes de repartir dinero a las empresas turísticas.

El COVID-19 comenzó su expansión entre los meses de febrero y marzo a nivel global, lo que encendió las alarmas internacionales debido a su fuerza de contagio, provocado a través del contacto entre personas (OMS, 2020), con ello, los enclaves turísticos demostraron su vulnerabilidad ante una pandemia que retiraría del escenario la demanda de bienes y servicios vinculados al turismo, más aún cuando el 100% de las economías ha restringido los viajes (OMT, 2020c). Tal dependencia económica ha demostrado que el sector es sumamente frágil, y ha provocado que su gestión empobrezca a las localidades donde se instala, ya que 61% de la planta laboral mundial es informal (OIT, 2018, citado en Palafox y Vilchis, 2019), por las condiciones de contratación entre las que destacan la carencia de seguridad social, jornadas de más de 48 horas, salarios menores a ocho dólares diarios y mano de obra no calificada (Cañada, 2017; Rubí-González y Palafox-Muñoz, 2017; Martínez y Amador, 2018; Hiernaux-Nicolas, 2020).

De esta manera, el empleo precario en México “funciona como una fachada para cubrir las cifras de desempleo” (Palafox-Muñoz y Vilchis-Onofre, 2019, p. 2), a fin de que los datos oficiales muestren una baja tasa de desocupación (STPS, 2020). Asimismo, “el trabajo precario es un medio utilizado por los empleadores para trasladar los riesgos y responsabilidades a los trabajadores” (Rubí-González y Palafox-Muñoz, 2017, p. 40), de esa manera, la precarización posibilita la contratación a corto plazo, salarios mínimos o pago por comisión, y simulación para la evasión fiscal (Abramo, 2001; Rubí-González y Palafox-Muñoz, 2017).

Albao et al. (2020, párr. 1) señalan que “la gestión del Coronavirus COVID-19 puede dejar expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad a amplios sectores de las clases trabajadoras”, sin mencionar a aquellos que se encuentran en condiciones de precariedad establecidas anteriormente. En México, previo a la declaratoria oficial de la contingencia sanitaria, el IMSS reportó 56 mil despidos solo en la Ciudad de México, “lo que significa que las grandes empresas especularon” (Cruz, 2020, párr. 1) sobre los efectos de una paralización de actividades y flujo de ingresos económicos, por lo que la planta laboral se convirtió en un pasivo para las empresas y decidieron prescindir de sus servicios para evitar una mayor pérdida de recursos económicos.

En Quintana Roo, la cadena hotelera Riu despidió a 2 mil 500 trabajadores, Mayan Palace realizó 2 mil 390 despidos, Grupo Xcaret liberó 725 personas, Hotel Gran Caribe Rea mil 126, Hoteles Solaris 906 desempleados, entre otros. Los trabajadores fueron cesados entre el 13 de marzo y el 6 de abril de 2020; así, en México suman 685 mil personas que fueron separadas de sus puestos de trabajo (Domínguez, 2020; Sánchez, 2020; IMSS, 2020a).

Las comunidades han sido desplazadas para que el Estado instaure la actividad turística en los espacios con vastos bienes comunes y sustituir las actividades primarias. En este sentido, los trabajadores en su mayoría tienen empleos precarizados alcanzando una subsistencia diaria, por lo que esta pandemia inusual está provocando una crisis sin precedentes en el marco del capitalismo neoliberal.

Pasar del sector agrícola al de servicios turísticos ha dejado en manos de personal poco calificado “puestos de trabajo cada vez más precarizados, en muchos de los casos no regularizados” (Ramis, 2020, párr. 4). Este personal es el más expuesto a las secuelas del COVID-19, dado que, una vez paralizada la economía, los trabajadores han sido despedidos, quedando sin entradas y confinados por la contingencia sanitaria.

Una de las razones de la desobediencia civil es la falta de ingresos, si bien el gobierno estatal ha provisto de una despensa básica, existen otras condiciones que provocan que la gente salga a las calles a conseguir dinero, entre los que destacan el pago de alquiler y servicios básicos. La entidad ha contabilizado hasta abril del presente año 92 mil 787 desempleados (IMSS, 2020a), es decir 19.6% de la planta trabajadora con registro ante el IMSS, falta sumar al sector informal, esto es un punto del porqué se da una alta tasa de contagios en Quintana Roo.

Los resultados en materia de pérdida de empleos formales en la entidad son trágicos. A nivel nacional se han esfumado más de 600 mil empleos, lo que representa una disminución del 3%. A nivel estatal la cifra sube hasta el 24.11%; no obstante, la pérdida de empleo en el sector turístico es aún más alarmante que ese porcentaje, pues, al desagregar las cifras estatales, se puede observar el fenómeno agravado en las zonas dedicadas al turismo: Isla Mujeres ha perdido el 46.65% de sus empleos, Playa del Carmen 31.68%, Tulum 35.03% y el nuevo municipio de Puerto Morelos el 62.69% (ver tabla 2).

Tabla 2. Pérdida de empleos formales en Quintana Roo por municipio y por mes

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS (2020a).

A nivel nacional, Quintana Roo es el estado que más impacto ha sufrido en materia de pérdida de empleo, seguido por otras dos entidades eminentemente turísticas: Baja California Sur y Guerrero (ver gráfica 1), por lo que su variación en esta variable durante el periodo de abril 2019-2020, es de 18.1%, 10.8% y 6.3% respectivamente, aunque se reitera que solo se establecen los datos del empleo formal, a nivel nacional la informalidad laboral es del 56%.

Gráfica 1. Variación anual de puestos de trabajo por entidad federativa (abril 2019-2020)

Fuente: IMSS (2020c).

Es importante hacer hincapié en que los datos disponibles solamente muestran los estragos producidos en el empleo formal. Si se toma en consideración que la mayoría de las actividades económicas se dan el sector informal, es posible inferir que la cantidad de personas que han visto afectados sus ingresos es sustancialmente mayor. En tal sentido, el Coneval (2018) estima un incremento en el total de personas en situación de pobreza por ingresos, entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales (8.9 y 9.8 millones de personas), así como que el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos se incremente entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales (6.1 y 10.7 millones de personas).

En materia específica de empleo, el organismo evaluador advierte que la estimación del efecto en la pobreza laboral (población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso) prevé un aumento en la tasa de desempleo comprendida entre 3.3 y 5.3% y de 37.3 a 45.8% en la pobreza laboral, en el segundo trimestre del 2020. Este aumento del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza representaría la cifra más alta de este indicador desde 2005 (Coneval, 2020).

Indudablemente, el COVID-19 no solamente expuso el frágil sistema de salud mexicano, sino también la precariedad laboral del país y, enfáticamente, del sector turismo quintanarroense, ya que las condiciones de inseguridad social se observan desde la década de los 80, con la transición a la política económica neoliberal. Los resultados del constante deterioro de la estructura del Estado en los ámbitos económico, laboral y sanitario son mostrados ante una pandemia sin precedentes. Por tanto, esta desobediencia civil tiene tres actores: a) aquellas personas sin trabajo; b) los inconscientes, es decir quienes no creen en el virus y la pandemia; y c) los poderosos o capitalistas, quienes lucharán por mantener la situación privilegiada de acumulación de capital sin importar el costo en vidas, porque el estatus económico es lo primero que pelearán por sostener.

Lo anterior se demostró con el despido masivo de trabajadores previo a la contingencia, dejando a la deriva a más de 48 mil prestadores de servicios turísticos, quienes por las condiciones de precariedad laboral sustentan su supervivencia con los ingresos por comisiones o propinas y con un salario mínimo. Todo el cúmulo de personas empleadas en el sector informal tuvo la necesidad de continuar laborando, o bien en la búsqueda de trabajo, de ahí que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo (SESA, 2020), se reporten 8 mil 815 casos positivos por COVID-19, de los cuales su tasa de mortalidad es del 12.97%.

Sin duda la recuperación económica es de vital importancia para que el capital continúe su proceso de acumulación y reproducción; en ese sentido, el gobierno estatal creó una Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, la cual tiene por objetivo “mantener las medidas necesarias para la prevención y contención del COVID-19, con el fin de generar confianza y certeza hacia sus clientes, colaboradores y la comunidad en general” (GEQRoo, 2020b, párr. 2). El registro para esta certificación es voluntario y sin costo, el distintivo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y será refrendado anualmente.

Para la reactivación económica, las autoridades estatales (GEQRoo, 2020c) prepararon un semáforo que permite dicho proceso, lo anterior con base en el riesgo de contagio y la infraestructura hospitalaria. De esta forma, la zona sur, integrada por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco, están en semáforo rojo, los datos indican que estos municipios suman 245 casos positivos de COVID-19 con una tasa de mortandad del 14.5%. En semáforo naranja se encuentran los ayuntamientos de Tulum, Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, donde se tienen 2 mil 084 infectados del virus, con un 20.5% de decesos (GEQRoo, 2020a).

La pandemia provocada por el COVID-19 ha marcado las desigualdades propias del modelo de producción capitalista, la gestión neoliberal del turismo ha quedado más expuesta y el estado de Quintana Roo no es la excepción, más aún cuando su crecimiento económico depende de ello. Los más de 92 mil empleos perdidos eran puestos de trabajo formales, la incógnita es ¿cuántos empleos informales existen en el sector turístico de Quintana Roo?, si las cifras del INEGI (2020) afirman que el 56.2% de los trabajos a nivel nacional están en la informalidad.

El sector turístico quintanarroense se ve en la coyuntura de permanecer con un turismo de masas motivado por la acumulación de capital, o bien, modificar la gestión de la actividad por una que proteja a los trabajadores, quienes han sido expuestos al deterioro de sus condiciones de vida con la precarización laboral, desde los años 80. En este sentido, la racionalidad económica debe ser reemplazada por una racionalidad humana, donde la vida sea la prioridad por encima del mercado, es decir “la vida en el centro, de las personas y la de toda la biodiversidad y recursos naturales, necesarios para sostener la vida” (Ramis, 2020, párr. 11).

Quintana Roo no puede permitirse volver al escenario previo a la pandemia, es decir, que la estrategia pos-COVID-19 sea la de fortalecer las condiciones sociales de los habitantes de la entidad, regresar a la fotografía previa a la contingencia pondría de manifiesto que el capital está antes que la vida humana. Por ello, el capital apuesta por la necesidad de la humanidad de llegar a un escenario que le permita alcanzar a ese 1% que concentra la riqueza mundial. Ante esa postura, el turismo volverá a ser el de siempre: overtourism.

A manera de epílogo: las cifras utilizadas en la elaboración del presente artículo se han mantenido en constante movimiento. Al momento de la revisión final, los datos disponibles permiten asegurar que los empleos perdidos a nivel nacional no son 600 mil, sino más de un millón cien mil, mientras que el Estado de Quintana Roo no ha perdido 92 mil empleos sino más de ciento quince mil, es decir el 24.5% de la planta laboral.

Referencias

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